Los disturbios que recorren Irán son los más importantes desde las protestas de 2009 y, según algunos observadores veteranos, los más relevantes desde la caída del sha en 1979. Lo que comenzó como manifestaciones dispersas el 28 de diciembre creció hasta convertirse, el 9 de enero, en movilizaciones de muchos miles de personas. Las protestas, inicialmente concentradas en ciudades y poblaciones provinciales, se han extendido a las mayores urbes del país, afectando a las 31 provincias. A las movilizaciones se sumaron mujeres, personas de mediana edad y miembros de la clase media que hasta entonces se habían mantenido al margen, junto a jóvenes y hombres desempleados.
En Teherán, cientos de miles de personas corearon consignas contra el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Las autoridades informaron además de incendios en mezquitas, seminarios, bancos y comisarías en distintos puntos de la capital. En Mashhad, bastión de los conservadores y segunda ciudad del país, las concentraciones fueron también muy numerosas; el entonces presidente estadounidense Donald Trump afirmó en redes que la población había tomado el control. Un clérigo cercano al régimen calificó la situación de “punto de inflexión”.
Ante esto, Khamenei endureció su discurso. En un pronunciamiento del 9 de enero negó la distinción entre manifestantes y alborotadores y describió a los protestantes como instrumentos de intereses externos. Las autoridades limitaron el acceso a internet, medida que suele anteceder una represión más firme. Organizaciones de derechos humanos denunciaron más de 40 muertos y más de 2.000 detenciones; sectores duros del régimen exigieron más contundencia para restaurar el miedo y calificaron a los manifestantes de “terroristas”. Khamenei recordó que, según su interpretación, la caída del sha se debió a la falta de mano dura.
Irán ha vivido grandes protestas en el pasado, muchas de ellas interpretadas apresuradamente como el fin inminente del régimen. Sin embargo, salvo un despliegue generalizado de fuerza, las opciones del liderazgo parecen limitadas. La confianza en el poder se ha erosionado: la población duda de la capacidad del Gobierno para afrontar la creciente crisis del coste de la vida, algo que incluso reconoce el presidente Masoud Pezeshkian. Además de cortes de electricidad y agua, ahora hay problemas con el suministro de alimentos básicos; las importaciones no llegan a las provincias y la rápida depreciación del rial lleva a comerciantes a acaparar productos. La clase media se ha reducido y millones han pasado a formar parte de la clase trabajadora en los últimos años. La inflación ha minado salarios y ahorros, y alrededor del 30 % de la población vive en situación de pobreza, lo que ilustra el dilema del régimen: la violencia no resuelve la escasez económica.
La pérdida de reputación internacional del régimen también pesa en la percepción pública. Ataques israelíes en los últimos dos años han debilitado a representantes regionales de la República Islámica y, en una campaña aérea de 12 días el verano anterior, se informaron bajas importantes en el alto mando militar iraní. Esto ha aumentado la preocupación por la seguridad personal del líder supremo. Paralelamente, la política estadounidense de “máxima presión” ha estrangulado exportaciones petroleras y reducido los ingresos repatriados. Mensajes de altos responsables extranjeros advirtieron de posibles consecuencias en caso de una represión letal; medios afines al régimen publicaron, sin pruebas concluyentes, informaciones sobre despliegues militares estadounidenses cerca de la frontera.
Por primera vez desde 2009 una figura de la oposición concentró un reconocimiento amplio: Reza Pahlavi, hijo del último sha, llamó a la movilización el 6 de enero desde Washington, y a partir de entonces se registraron grandes concentraciones. Hay quienes lo apoyan por lealtad monárquica y otros que lo respaldan por desesperación, reconociendo su notoriedad pública aunque le resten credibilidad. En regiones kurdas y azeríes surgieron consignas que rechazan tanto a la autoridad actual como a una restauración monárquica. En el ámbito internacional, algunos líderes se mantuvieron cautelosos respecto a cualquier contacto formal con Pahlavi.
No se han observado públicamente fracturas abiertas dentro del aparato estatal. El silencio oficial fue interpretado por algunos cercanos al régimen como señal de intimidación hacia quienes pedían reformas. Aun así, en foros internos circularon rumores entre personas con acceso a información privilegiada, y en ciertas ciudades se filmó a fuerzas de seguridad retirándose. Se plantea si los diversos cuerpos de seguridad seguirán obedeciendo las órdenes que priorizan la protección del liderazgo. Tras más de tres décadas en el poder, la figura de Khamenei es percibida por algunos como cansada y sin alternativas claras; incluso se habló en ciertos sectores de la necesidad de un líder fuerte que asuma el mando.
Khamenei no ha mostrado disposición a dimitir ni a exiliarse, y seguidores y excolaboradores lo definen como parte de una generación que valora la resistencia y el martirio. Según esos testimonios, prefiere enfrentarse a la crisis antes que renunciar. El futuro de Irán dependerá, en buena medida, de cuál de las partes —el liderazgo o la ciudadanía— sea capaz de sostener más tiempo su capacidad de resistencia.
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