Desde la tarde del viernes, cuando el Poder Ejecutivo formalizó la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, se intensificaron llamados y contactos reservados entre la Casa Rosada, el Congreso y los principales bloques parlamentarios. Durante el fin de semana largo de Carnaval hubo un flujo constante de comunicaciones telefónicas y por chat entre funcionarios, legisladores y emisarios en distintas provincias con un objetivo claro: resolver políticamente el conflicto por las licencias médicas para evitar que la reforma laboral se trabe en la Cámara de Diputados.
La alarma se encendió pocas horas después de la media sanción en el Senado. Legisladores afines manifestaron dudas sobre el impacto del artículo 44, algunos gobernadores pidieron aclaraciones y dirigentes sindicales endurecieron el discurso, incluso con la amenaza de una huelga general. Frente a ello, el Gobierno desplegó un operativo de contención que involucró a sus máximos cuadros políticos a lo largo de todo el fin de semana.
La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvieron contacto con la mesa política, integrada por la secretaria General Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro de Economía Luis Caputo; el estratega Santiago Caputo; y el ministro del Interior Diego Santilli. La consigna fue buscar una salida acordada antes de que la discusión llegara al plenario de comisiones, previsto para el miércoles al mediodía. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, fue consultada sobre si convenía ceder para asegurar la ley o intentar una “diagonal” para suavizar efectos sin cambiar el texto.
Las conversaciones incluyeron a referentes de la UCR, del PRO, peronistas dialoguistas y legisladores vinculados a gobernadores del norte, muchos de origen peronista. En general fueron sondeos iniciales para conocer posiciones, aunque también hubo intercambios técnicos más extensos sobre el alcance del artículo en disputa. El tono predominante fue de cautela: nadie planteó rechazo inmediato, pero tampoco se ofrecieron certezas absolutas.
El Gobierno asegura contar con los votos necesarios para aprobar la reforma, aunque reconoce en privado que, sin una corrección al régimen de licencias, el proyecto corre riesgo de volver al Senado y demorarse. La preocupación principal no es tanto perder la votación como abrir un nuevo trámite que altere el calendario de las sesiones extraordinarias. “Está difícil en Diputados. No va a ser fácil que salga sin cambios. Va a haber que hamacarse”, resumió uno de los negociadores oficiales en diálogo con Infobae.
El epicentro del conflicto es el artículo 44 de la reforma, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado por el Senado incorpora cambios en el régimen de pago durante licencias por accidentes o enfermedades no vinculadas al trabajo.
El proyecto incluye un nuevo capítulo referido a la suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo en casos de accidentes y enfermedades inculpables.
En concreto, se plantea sustituir el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 por una redacción que regula la remuneración durante licencias por enfermedades o accidentes no ocasionados por la actividad laboral.
Según la redacción aprobada, cuando la incapacidad para trabajar provenga de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud, el trabajador percibiría el cincuenta por ciento (50%) de su remuneración durante un período de tres meses si no tiene cargas familiares, o de seis meses si las tiene; además se establecen reglas sobre recidivas de enfermedades crónicas.
Si la imposibilidad no fuera consecuencia de una conducta voluntaria y consciente del trabajador frente al riesgo, el proyecto contempla el pago del setenta y cinco por ciento (75%) de la remuneración por los mismos plazos indicados.
La suspensión dispuesta por el empleador por razones económicas o disciplinarias no afectaría el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial durante los plazos previstos, aun cuando la suspensión se hubiera dispuesto mientras el trabajador estaba enfermo o accidentado, o si estas circunstancias sobrevinieran.
En la práctica, la norma implica una reducción significativa respecto del régimen vigente, que asegura el pago del cien por ciento del salario durante esas licencias. Para el oficialismo, la modificación busca corregir incentivos al ausentismo y la litigiosidad laboral; para sindicatos y opositores, representa un retroceso en derechos adquiridos.
Patricia Bullrich se convirtió en la principal defensora pública del capítulo cuestionado. En declaraciones a TN, sostuvo que el texto fue debatido durante semanas y contó con el respaldo de los 42 senadores que votaron la ley, y planteó que la reforma busca desarticular lo que el oficialismo califica como una “mafia” de certificados y litigios laborales.
Bullrich respaldó su posición con comparaciones internacionales: mencionó porcentajes de pago por licencia en países como Portugal, Francia, Alemania, Uruguay, España, Suiza, Suecia, Austria, Italia, Bélgica y Finlandia para sostener que Argentina es una excepción al mantener el 100% del salario aun en situaciones no vinculadas al trabajo.
Desde el entorno presidencial sostienen que el ausentismo en el sector privado ronda el 15% y que el régimen actual genera costos elevados para las empresas, desalentando la contratación y encareciendo la estructura laboral formal. Al mismo tiempo, admiten que el artículo aprobado necesita precisiones para evitar efectos no deseados en casos de enfermedades graves.
Con ese objetivo surgió la estrategia interna bautizada como “diagonal”: no modificar formalmente el texto aprobado por el Senado, pero introducir precisiones mediante instrumentos complementarios que descompriman la tensión sin reabrir el trámite legislativo.
Sobre la mesa hay tres alternativas principales. La primera, la que reúne más consenso, consiste en un decreto reglamentario que fije criterios médicos claros y garantice el pago íntegro en enfermedades severas, crónicas o irreversibles debidamente acreditadas. La segunda posibilidad es impulsar una ley complementaria específica sobre el artículo 44, lo que requeriría un nuevo debate parlamentario. La tercera, aceptar cambios directos al articulado, es vista como la menos probable porque obligaría a devolver el proyecto al Senado.
La Unión Cívica Radical cumple un rol decisivo: su bloque, presidido por Pamela Verasay, acompaña el proyecto pero reclama una solución clara para las licencias médicas. Durante el fin de semana hubo contactos discretos entre referentes radicales y la mesa política para explorar una reglamentación que no altere el texto votado.
El PRO también respalda la reforma, aunque plantea sus propias prioridades. Su jefe de bloque, Cristian Ritondo, adelantó que insistirán en reintroducir la posibilidad de cobrar salarios mediante billeteras virtuales, argumentando que no se pretende obligar a nadie sino garantizar la opción. Esa demanda no pone en riesgo el acompañamiento general, pero agrega otra variable a la negociación.
Los bloques peronistas no kirchneristas muestran mayores reservas, sobre todo en provincias con fuerte presencia sindical, aunque en general no buscan frustrar el proyecto. En ese espacio se evalúa facilitar quórum o incluso abstenerse para no quedar asociados a la eventual caída de una reforma sensible.
En paralelo, la CGT y el Frente de Sindicatos Unidos intensificaron la presión. Durante el fin de semana mantuvieron contactos informales con diputados de distintos bloques y advirtieron sobre el costo político de aprobar el artículo 44 sin cambios. Voceros sindicales señalaron que existen condiciones para una huelga nacional y anticiparon la posibilidad de que la UTA adhiera, afectando el transporte en las horas del debate.
La sesión del plenario de comisiones está prevista para el miércoles al mediodía en el Anexo del Congreso, y la intención es llevar el tema al recinto el jueves en un debate que podría extenderse hasta veinte horas.
En el entorno presidencial relativizan el impacto de un paro, aunque reconocen que una protesta masiva durante el debate podría influir en legisladores peronistas indecisos. La estrategia oficial apunta a cerrar la ingeniería de votos y evitar modificaciones formales antes del cierre de sesiones extraordinarias el 28 de febrero, fecha que funciona como límite.
Para Javier Milei, la reforma laboral es una pieza central de su programa: busca reducir la informalidad, que ronda el 43% del mercado laboral, y fomentar empleo formal. Una demora o la devolución al Senado comprometería uno de los ejes principales de su gestión y obligaría a reordenar prioridades en el Congreso. El Gobierno pretende llegar a la apertura de sesiones ordinarias con esa reforma aprobada; la apertura del periodo legislativo está prevista para el 1° de marzo.
El escenario actual es de equilibrio inestable: el oficialismo confía en tener los votos pero necesita ordenar matices internos y contener aliados; la CGT evalúa una posible huelga y los bloques dialoguistas sopesan costos políticos. En ese cruce de intereses, el artículo 44 dejó de ser una cláusula técnica para convertirse en el punto más delicado de la reforma laboral y en una prueba clave para la capacidad negociadora del Gobierno.
