Desde que la Unión Europea aplazó sin fecha la prohibición de fabricar y vender autos con motores de combustión prevista para 2035, la industria automotriz global pareció sentirse con libertad para anunciar cambios drásticos: reducir o detener inversiones en vehículos eléctricos y reasignarlas a la producción de automóviles convencionales e híbridos. Estas modificaciones ya se venían gestando de forma discreta, pero no se difundían abiertamente porque contravenían las regulaciones públicas.
Esta semana, a ese respaldo a la industria se sumó una decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien revocó el llamado “dictamen de peligro” de 2009. El Gobierno calificó la medida como la mayor desregulación ambiental reciente en EE. UU., con un impacto notable en la industria automotriz del país.
La revocación elimina la base legal que permitía al Gobierno federal regular los gases de efecto invernadero, un pilar normativo establecido durante la administración de Barack Obama. El dictamen de 2009 identificaba seis gases principales, entre ellos el dióxido de carbono y el metano, como una amenaza para la salud pública y facultaba a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a imponer límites estrictos a las emisiones de automóviles, centrales eléctricas y otras industrias.
La Casa Blanca defendió la revocación afirmando que contribuirá a “abaratar los automóviles”, y sostuvo que los fabricantes podrían ahorrar hasta USD 2.400 por vehículo al eliminar los controles vigentes. Como ejemplo citó tecnologías desarrolladas para cumplir esos límites, como el sistema Start/Stop, que apaga el motor cuando el vehículo está detenido y lo vuelve a encender al reanudar la marcha.
Ese sistema fue adoptado para reducir las emisiones de CO2 mientras los vehículos están parados, pero también elevó los costos de producción y, en consecuencia, el precio de compra para los consumidores.
Karoline Leavitt, portavoz de la Presidencia, dijo que la desregulación permitiría ahorrar más de un billón de dólares y ayudaría a bajar los precios de la energía y del transporte. El gobierno calificó la norma de 2009 como “una política desastrosa de la era Obama que dañó gravemente a la industria automotriz estadounidense y aumentó drásticamente los precios para los consumidores”, según declaraciones atribuidas al presidente.
Mientras la administración sostiene que la medida reducirá costos de producción, organizaciones ambientalistas y especialistas advierten sobre posibles consecuencias económicas, legales y sanitarias para el sector y la población.
Michael Gerrard, experto en derecho climático de la Universidad de Columbia, señaló que la medida consolida flexibilizaciones previas en los estándares de consumo y podría dejar a los fabricantes en una situación comprometida, con el riesgo de afectar la demanda de vehículos estadounidenses.
Organizaciones ecologistas también rechazaron la decisión. Peter Zalzal, directivo del Fondo de Defensa Ambiental, advirtió que la medida podría obligar a los estadounidenses a gastar alrededor de 1,4 billones de dólares adicionales en combustible para alimentar vehículos menos eficientes y más contaminantes.
La situación de las automotrices
Compañías como Ford y Stellantis reconocieron que enfrentarán pérdidas millonarias por haber orientado inversiones hacia la electrificación en un contexto de menor demanda y cancelación de proyectos: los montos mencionados fueron del orden de USD 19.500 millones y USD 26.000 millones, respectivamente. Volkswagen anunció el cierre de su planta de Dresde, en Alemania, donde se fabricaban exclusivamente vehículos eléctricos.
En julio pasado, Luca de Meo dejó inesperadamente la dirección ejecutiva de Renault Group en un momento en que la “Renaulution” —el plan de revalorización de la marca con fuerte apuesta a los vehículos eléctricos— mostraba buenos resultados financieros, pero la empresa anticipó un escenario global de incertidumbre para esa tecnología.
En sentido similar, Toyota Motor Corporation anunció cambios en su cúpula: reemplazará a su CEO global, Koji Sato —traído hace tres años para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica— por Kenta Kon, exdirector financiero del grupo. La empresa justificó el relevo como necesario para reorientar programas costosos y mantener la competitividad frente a la presión de marcas chinas subvencionadas por el Estado.
El efecto en cadena de estas decisiones ha llevado a muchas automotrices a replantear sus objetivos de reducción de emisiones, priorizando ahora alternativas híbridas e híbridas enchufables frente a una transición total hacia vehículos eléctricos.
Recientemente, Stellantis anunció que volverá a equipar algunos modelos utilitarios pequeños con motores diésel, lo que podría marcar un regreso gradual a una tecnología que había perdido protagonismo tras el escándalo del “Diéselgate” de Volkswagen en 2015.
