Al término de la feria judicial de enero, el Consejo de la Magistratura continuará con un extenso conjunto de denuncias que, de prosperar, podrían derivar en la destitución de dos jueces federales: Patricio Maraniello, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, y Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. Las imputaciones en el primer caso incluyen maltrato laboral y presunto abuso sexual; en el segundo, la ocultación de antecedentes disciplinarios y diversos señalamientos por posibles delitos de corrupción.
El organismo encargado de revisar y sancionar la conducta de los magistrados habilitó el receso de verano para que las comisiones de acusación puedan seguir tramitando estas causas. Además, ambos jueces tienen otros expedientes en trámite en el área de disciplina.
Fuentes vinculadas a las investigaciones indicaron a este medio que la decisión de mantener el movimiento procesal durante enero buscó evitar dilaciones y permitir que continúen corriendo los plazos del proceso disciplinario.
En caso de que las investigaciones sigan su curso y se confirmen las sospechas, algunas voces estiman que ambos magistrados podrían ser citados a declarar antes de finalizar el semestre.
Superada esa etapa de presentación de pruebas y descargos, el siguiente paso es la elaboración de un dictamen que se elevará al Plenario del Consejo, que podrá proponer el archivo de la denuncia, aplicar una sanción o impulsar el juicio político.
Por ahora las comisiones retomarán sus reuniones en febrero, donde definirán los pasos a seguir. Mientras tanto se continúan practicando medidas probatorias, como citaciones de testigos y la producción y análisis de informes y documentación.
Al regreso de la feria, el 10 de febrero, otro magistrado será indagado por denuncias de lesiones y amenazas a seis empleados judiciales: Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa.
La etapa de producción de prueba en su caso ya concluyó y ahora resta la recepción de su descargo.
El caso Maraniello
El juez Maraniello acumula 12 expedientes en la comisión de acusación y otras dos denuncias en el área de disciplina, donde se tramitan reportes de menor gravedad.
En su defensa, el titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5 presentó diversos recursos —solicitudes de prórroga, planteos de nulidad, pedidos de traslado de expedientes y archivos— que deberán analizarse en las próximas reuniones de las comisiones.
El sindicato de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (UEJN) presentó imputaciones por acoso sexual, violencia de género y maltrato laboral que, según los denunciantes, habrían padecido trabajadores del juzgado. Además, existe el testimonio de una persona con identidad reservada que relató hechos que podrían constituir delitos contra la integridad sexual.
Quienes denunciaron relataron un ambiente laboral hostil: hablaron de amenazas y hostigamiento, y denunciaron un manejo irregular de los fondos destinados a gastos corrientes, lo que habría provocado la falta de insumos básicos para el funcionamiento del juzgado. También se mencionó a una secretaria del tribunal, que según las denuncias mantendría un vínculo cercano con el magistrado y habría reproducido conductas abusivas hacia subordinados.
La comisión de acusación citó a 14 testigos, entre empleados y presuntas víctimas, cuyas declaraciones constituirán la prueba central del expediente.
Estas acusaciones trascendieron públicamente en septiembre de 2025, cuando Maraniello fue protagonista de una polémica por un fallo que afectó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Legisladores, organizaciones civiles y abogados lo denunciaron en el Consejo por una supuesta censura previa luego de que el juez prohibiera la difusión de audios atribuidos a la hermana del presidente Javier Milei. El magistrado justificó la medida cautelar en la necesidad de “impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas”, en un contexto vinculado a escuchas como las que motivaron la causa ANDIS.
Otras denuncias apuntan a retrasos y decisiones arbitrarias: un abogado sostuvo que un amparo por la provisión de un colchón para prevenir úlceras demoró más de ocho meses sin resolución; y una escribiente auxiliar denunció que el juez puso fin a su interinato de forma “caprichosa” para favorecer nombramientos vinculados a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, entidad que preside Maraniello.
Finalmente, la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuarios presentó una denuncia por una sentencia que, según la organización, favoreció al PAMI. El planteo sostiene que el juez admitió una cuestión de competencia para trasladar una causa desde el Juzgado Federal de Mendoza a su tribunal en Buenos Aires, en contra de lo que exige la ley.
La defensa del juez
Maraniello solicitó el archivo de la causa y sostuvo que muchos de los hechos ya fueron analizados en sede penal, donde la acusación en su contra fue descartada.
Respecto de las imputaciones por abuso de poder, acoso laboral, maltrato y presunto manejo indebido de recursos públicos, la defensa afirmó que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 declaró abstracta una causa que contenía varias de esas denuncias en julio del año anterior.
Sobre las restantes denuncias, Maraniello cuestionó el trámite disciplinario y pidió que se declaren nulas varias actuaciones por irregularidades procesales que detectó.
El Consejo de la Magistratura aguarda la presentación formal de su descargo. Según fuentes del expediente, el magistrado ya solicitó una prórroga para exponer su versión, que aún no fue concedida.
La defensa argumentó que se trata de un expediente de alta complejidad, con acusaciones heterogéneas y pruebas diversas, lo que dificulta un análisis ordenado dentro del plazo inicialmente previsto.
En relación con el caso de los audios de Karina Milei, Maraniello pidió que ese episodio se tramite en la comisión de disciplina y no en la de acusación.
Salmain, acusado por corrupción
El juez Salmain, con asiento en Rosario y quien además subroga el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, arrastra sospechas de corrupción desde etapas tempranas de su trayectoria en los tribunales.
La Dirección de Sumarios de la Corte Suprema informó que en 2001 se instruyó un sumario contra él cuando era auxiliar, que culminó con su cesantía en 2002 por la sospecha de haber intentado sobornar a una empleada para manipular el sistema informático y direccionar expedientes previsionales.
En el Consejo de la Magistratura se investiga ahora si Salmain omitió consignar esa expulsión en su declaración jurada al postularse para el cargo de juez, al que accedió en 2023.
Las sospechas de corrupción se complementan con causas penales en curso. El magistrado fue procesado y se ordenó su detención, medida que no puede ejecutarse por la inmunidad de arresto propia de su función.
Ese procesamiento está vinculado a la causa conocida como Attila, en la que se investiga si Salmain, a cambio de un presunto soborno, firmó una resolución que permitió a una financiera comprar 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial durante un control cambiario en diciembre de 2023, con el supuesto objetivo de desviar posteriormente esos fondos al exterior.
En octubre el juez fue allanado y, durante esos procedimientos, cometió una conducta que motivó la apertura de una nueva causa por abuso de autoridad, también con posible tratamiento en el Consejo de la Magistratura.
Un intento fallido de requisar su despacho —debido a la filtración de la orden judicial mientras la investigación estaba bajo secreto de sumario— motivó, según la imputación, que Salmain intentara acceder al expediente y solicitara a autoridades de la PSA información sobre los operativos y los nombres de los agentes intervinientes.
En la investigación sobre el ex juez Bailaque se encontraron además conversaciones entre Salmain y Carlos Vaudagna, ex titular de la AFIP en Santa Fe y actual imputado con status de arrepentido; esos mensajes mostraron intercambios que fueron interpretados como favores recíprocos. Salmain investigaba a Vaudagna y a otras personas en causas relacionadas; tras el hallazgo de esas comunicaciones fue apartado de esas pesquisas.
Mientras avanzan los plazos procesales contra ambos magistrados, el Consejo de la Magistratura aguarda la presentación de sus descargos y los resultados de distintas medidas probatorias solicitadas, que incluyen pedidos de informes a la AFIP y Migraciones, requerimientos a profesionales de la salud y auditorías sobre los gastos de funcionamiento de los juzgados evaluados.
