El vencimiento de la conciliación obligatoria reabre el conflicto entre el Gobierno nacional y el gremio de controladores aéreos, y vuelve a poner en alerta por un posible riesgo operacional en el sistema de navegación aérea a nivel nacional.
La medida, dictada para frenar acciones gremiales, caduca en las próximas horas, lo que deja abierta la posibilidad de que se retomen protestas o medidas de fuerza que afecten el funcionamiento de los vuelos comerciales y civiles. Desde el sindicato advirtieron que, sin avances concretos en las negociaciones, podrían intensificar sus reclamos.
En ese marco, surgieron reportes sobre la presencia de afiliados en torres de control que, en episodios anteriores, habrían interferido con la visibilidad y la operación técnica, lo que genera especial preocupación por la seguridad aérea.
El fin de la conciliación obliga al Gobierno a tomar decisiones estratégicas. Mientras el equipo económico mantiene una política de ajuste y contención del gasto, la operatividad del transporte aéreo depende de personal altamente especializado cuya función es esencial y difícil de reemplazar.
Los controladores aéreos tienen un alto poder de impacto: cualquier alteración en su trabajo repercute directamente en la aviación civil y comercial en todo el país. Si el conflicto se reanuda, la estabilidad del sistema aéreo nacional podría verse comprometida con demoras, cancelaciones y restricciones operativas.
Por ahora, el Gobierno no confirmó si solicitará una nueva prórroga de la conciliación ni si convocará a una negociación urgente para evitar una escalada del conflicto.
