El hombre acusado de matar al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue condenado este miércoles a cadena perpetua, más de tres años después del suceso que conmocionó al país y tuvo repercusión internacional.
El tribunal de la ciudad de Nara, bajo la presidencia del juez Shinichi Tanaka, impuso la pena a Tetsuya Yamagami, de 45 años, quien había sido procesado por asesinato y por violaciones a las normas de control de armas. Según la acusación, Yamagami disparó con un arma fabricada de manera casera durante un mitin de campaña en julio de 2022.
Decenas de personas hicieron fila desde la mañana para ocupar un lugar en la sala del tribunal, lo que evidenció el notable interés público por el veredicto.
Al comenzar el juicio en octubre, Yamagami admitió haber cometido el asesinato, aunque cuestionó algunos cargos adicionales, según la prensa japonesa. En el sistema judicial del país, el proceso continúa incluso cuando el acusado reconoce su responsabilidad.
El caso reabrió el debate nacional sobre la violencia armada en una nación con tasas muy bajas de este tipo de delitos y puso en el centro de la atención pública los supuestos vínculos entre figuras políticas conservadoras y la Iglesia de la Unificación, a la que algunos sectores describen como una organización sectaria.
Asistentes al tribunal calificaron el asesinato como “el incidente del siglo”. Un joven de 31 años, entrevistado mientras aguardaba para entrar, dijo que apreciaba a Abe en vida y que su muerte le había impactado; explicó que acudía para “saber sobre el hombre que mató a alguien que me importaba”.
En las inmediaciones, el trabajador de logística Manabu Kawashima mostró su interés en conocer la verdad sobre Yamagami. Otro ciudadano portaba una pancarta pidiendo al juez que tuviera “en la más completa consideración” las difíciles circunstancias personales del acusado.
La fiscalía pidió la cadena perpetua, describiendo el crimen como “sin precedentes en nuestra historia de posguerra” y destacando sus “consecuencias extremadamente graves” para la sociedad japonesa. La legislación local contempla la posibilidad de libertad condicional en casos de cadena perpetua, pero expertos señalan que muchos condenados permanecen en prisión hasta el fin de su vida.
El proceso judicial reveló que el móvil del condenado estaba relacionado con la intención de exponer y desprestigiar a la Iglesia de la Unificación. Los fiscales sostuvieron que Yamagami actuó después de que las donaciones de su madre a la organización llevaran a la quiebra a su familia y de que él llegara a creer que “políticos influyentes” protegían a la secta.
Según la acusación, Abe había participado en actos vinculados a entidades relacionadas con la iglesia, y Yamagami pensó que matar a una figura tan influyente podría atraer la atención pública hacia la organización y aumentar las críticas contra ella.
La Iglesia de la Unificación fue fundada en Corea del Sur en 1954 por Sun Myung Moon, y sus miembros han sido conocidos popularmente como “Moonies”. En la defensa, el equipo de Yamagami presentó una petición de clemencia en la que alegó que el acusado sufrió “abuso religioso” durante su crianza debido a la profunda fe de su madre.
El abogado defensor relató que tras el suicidio del padre y con otro hijo gravemente enfermo, la madre de Yamagami entregó todos sus bienes a la iglesia esperando “salvar” a la familia. Las donaciones llegaron a unos 100 millones de yenes (aproximadamente 1 millón de dólares en ese momento). Esos hechos llevaron al acusado a abandonar sus estudios universitarios; en 2005 intentó suicidarse y, poco después, su hermano también murió por suicidio.
Las indagaciones posteriores al asesinato de Abe sacaron a la luz una serie de conexiones entre la Iglesia de la Unificación y numerosos legisladores del Partido Liberal Democrático, lo que provocó la dimisión de cuatro ministros del gabinete.
A partir de 2020, Yamagami comenzó a fabricar manualmente un arma de fuego letal, que probó en una zona montañosa apartada; los fiscales sostienen que estos preparativos demuestran un alto grado de premeditación.
El atentado también puso de manifiesto la singularidad de Japón en materia de control de armas: la violencia armada es tan infrecuente que, según informes policiales posteriores, los responsables de la seguridad no reconocieron de inmediato el primer disparo y la asistencia a Abe se produjo con retraso.
(Con información de AFP)
