El régimen iraní difundió este viernes su propio balance de víctimas de las protestas que comenzaron a fines de diciembre, en un intento por fijar su versión de los hechos ante la amplia condena internacional.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, e indicó que entre ellas hay 600 a las que el gobierno califica como “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según Araqchi, del total de fallecidos, 2.427 son “civiles y agentes de seguridad”.
El ministro sostuvo que “entre los muertos hay 600 terroristas”, sin detallar los criterios empleados para esa clasificación ni aportar verificación independiente de esa cifra.
Se trata del primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, después de semanas de comunicados fragmentarios y versiones parciales.
El anuncio se produjo días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal que asiste a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Observadores internacionales señalaron que el recurso a una entidad vinculada tradicionalmente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas subraya la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales difieren de las estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que hablan de hasta 5.000 muertos y decenas de miles de detenidos, y denuncian el uso de fuerza letal contra manifestantes y detenciones masivas sin garantías judiciales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios una destrucción extensa de infraestructura pública, y afirmó que los supuestos “ataques terroristas” causaron daños a más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas se iniciaron a fines de diciembre en el contexto de una profunda crisis económica, con el desplome del rial y una inflación persistente que afectan a amplios sectores de la población. Las manifestaciones se extendieron por Teherán y otras ciudades con reclamos por la situación económica y la gestión política, y la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El gobierno iraní ha responsabilizado a actores externos y a opositores en el exilio de alimentar la violencia, argumentando que buscan justificar una posible intervención internacional. Esa narrativa se reforzó tras advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de nuevas acciones contra Irán si continuaba la represión.
Entretanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y reclama el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
La resolución también insta a garantizar juicios ante tribunales competentes, independientes e imparciales y a evitar condenas a muerte por delitos que no constituyan los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Turk durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
