El gobierno iraní dio a conocer este viernes su propio recuento de víctimas por las protestas iniciadas a fines de diciembre, con el objetivo de imponer su versión ante la amplia condena internacional.
Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores, afirmó que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, entre ellas 600 a las que las autoridades calificaron de “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según Araqchi, del total de fallecidos 2.427 corresponden a “civiles y agentes de seguridad”.
El ministro sostuvo que “entre los muertos hay 600 terroristas”, sin detallar los criterios empleados para esa clasificación ni aportar fuentes independientes que la corroboren.
Se trata del primer reconocimiento oficial amplio desde el comienzo de los enfrentamientos, después de semanas de comunicados parciales y datos fragmentarios.
El anuncio se produjo pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal que asiste a familias de fallecidos en conflictos, difundiera una cifra similar.
Observadores internacionales señalaron que la intervención de una entidad vinculada históricamente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas subraya la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que sitúan hasta en 5.000 el número de muertos y hablan de decenas de miles de detenidos, e indican el uso de fuerza letal contra manifestantes y detenciones masivas sin garantías procesales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios daños extensos en infraestructura pública: dijo que los llamados “ataques terroristas” afectaron a más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas comenzaron a fines de diciembre en el contexto de una profunda crisis económica marcada por la depreciación del rial y una inflación persistente que afecta a amplios sectores de la población. Las movilizaciones se multiplicaron en Teherán y otras ciudades con demandas relacionadas con la situación económica y el rechazo a la gestión política; la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El régimen iraní ha responsabilizado a actores externos de instigar la violencia, alegando que fuerzas extranjeras y opositores en el exilio alimentaron los disturbios para justificar una posible intervención internacional. Esa narrativa se intensificó tras advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de nuevos ataques si continuaba la represión.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y exige el cese de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto del Consejo reclama además la celebración de juicios ante tribunales competentes, independientes e imparciales y pide evitar condenas a muerte por delitos que no constituyan los más graves.
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un llamamiento a las autoridades iraníes para que reconsideren sus acciones y pongan fin a la represión contra la población.
(Con información de Europa Press y EFE)
