La causa está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, con la fiscal Cecilia Incardona, y se centra en el rol de directivos y empleados de una firma dirigida por el empresario Ariel Vallejo. En las investigaciones se señala además un presunto vínculo de Vallejo con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
Según informes, entre el 1 y el 11 de diciembre de 2025 se habría activado un protocolo interno para eliminar pruebas relevantes. Durante ese lapso, personal de la empresa retiró CPUs, teléfonos celulares y otros equipos del depósito con la finalidad de impedir el acceso de los investigadores. Paralelamente se organizaron guardias internas, tareas de limpieza y el retiro de ploteos identificatorios de vehículos de la firma.
El 11 de diciembre la maniobra fue advertida luego del llamado de un vecino que denunció la rápida “mudanza” de camionetas Toyota SW4 hacia un galpón en Turdera, partido de Lomas de Zamora. En el allanamiento posterior, la Policía Federal encontró cajas con documentación, servidores, cajeros automáticos y cajas fuertes. En el lugar fue detenida Micaela Sánchez cuando intentaba ocultar teléfonos debajo del asiento de un vehículo, junto a dos choferes.
Como consecuencia del operativo, el juez Armella procesó el 23 de diciembre a la tesorera y a los choferes —identificados como Sergio Da Silveira y Juan Cervín— por el delito de “encubrimiento agravado”. Se les dictó prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Desde el entorno de Ariel Vallejo negaron que el empresario hubiera dado instrucciones para destruir pruebas. Sostienen que, tras los allanamientos, “se llevaron todo” y que los empleados pudieron haber actuado por cuenta propia sin orden directa de la conducción de la firma.
La investigación por presunto lavado de activos continúa su curso. El expediente incluye el análisis de casi 40 teléfonos celulares secuestrados durante los operativos. Los fiscales y peritos indagan además una supuesta trama de préstamos inflados, movimientos millonarios de efectivo sin justificación y el uso de monotributistas sin capacidad económica real para simular operaciones comerciales. El avance de estas líneas probatorias determinará si se podrá establecer la responsabilidad penal de más involucrados y confirmar la existencia de maniobras financieras fraudulentas vinculadas a la empresa y a terceros relacionados.
