La tercera semana de enero dejó signos de malestar en Norteamérica poco vistos hasta ahora. Canadá y Estados Unidos hicieron públicas tensiones tanto externas como internas.
En Davos, durante el Foro Económico Mundial, llamó la atención la intervención de Mark Carney, en la que planteó que el orden internacional basado en reglas universales estaría en retroceso y que se impondría una lógica en la que los más poderosos toman lo que desean, obligando a otros países a protegerse y a apartarse de su camino. Esas palabras impulsaron debates entre canadienses y líderes internacionales sobre alternativas al orden vigente. La idea de que Canadá se convierta en un estado de Estados Unidos, promovida ocasionalmente por el presidente estadounidense, cuenta con muy poco apoyo: encuestas principales sitúan el respaldo en torno al 10–15%, mientras que la mayoría se opone con firmeza. Al mismo tiempo existe un amplio descontento por la situación económica.
Según una encuesta de confianza del consumidor de 2026, alrededor del 62% de los canadienses considera que la economía nacional es pobre o muy pobre. Por ello buscan socios internacionales que les permitan mejorar su desempeño económico. En el plano interno, las presiones externas han acelerado un proceso de reformas estructurales, entre ellas la integración del mercado doméstico, que hoy sigue fragmentado por provincias. Ese proceso de unificación podría, en el futuro, generar una mejora significativa del PIB —se estima hasta ocho puntos porcentuales en algunos escenarios—, de modo que las tensiones externas han impulsado cambios internos con potencial beneficio económico.
En Estados Unidos la convulsión social recuerda episodios de protesta masiva, si bien en esta ocasión gran parte del rechazo se centra en políticas domésticas. Actuaciones de los cuerpos encargados de deportaciones han provocado indignación ciudadana; según el relato público, en enfrentamientos relacionados con esas acciones murieron dos ciudadanos estadounidenses que participaban en protestas, lo que ha intensificado la reacción social. En el Congreso han surgido grupos bipartidistas dispuestos a recortar fondos a la Secretaría de Seguridad Nacional. Organizaciones civiles que tradicionalmente apoyaban a la administración, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), han emprendido acciones legales contra el gobierno por la respuesta a manifestaciones en las que participó un ciudadano armado. Adicionalmente, episodios como bombardeos reportados contra embarcaciones de pescadores en Venezuela y la controversia en torno a archivos sobre Jeffrey Epstein han erosionado el respaldo de parte de la base MAGA.
Los aranceles y otras medidas comerciales han contribuido a elevar el costo de la vida, alimentando el malestar general. En síntesis, existe un amplio descontento de la ciudadanía estadounidense con su gobierno y con la situación económica actual.
Ese descontento no está beneficiando de forma clara a las figuras tradicionales del escenario nacional. En cambio, busca cauces en líderes regionales del Partido Demócrata y en sectores libertarios que han crecido de manera notable. Entre los dirigentes demócratas con mayor atracción para sus electores se mencionan Kathy Hochul (Nueva York), Tina Kotek (Oregón), Josh Shapiro (Pensilvania), Michel Sherrier (Nueva Jersey) y Abigail Sparberger (Virginia).
En conjunto, el proceso de reestructuración interna en Canadá y la profunda disputa en Estados Unidos por preservar y adaptar su estructura de gobierno —fruto de desarrollos históricos de hace alrededor de 250 años— marcan líneas de conflicto y de posible reforma en la región.
Estos movimientos internos y las reacciones ante factores externos definirán, en gran medida, las políticas económicas y la posición internacional de ambos países en los próximos años.
