El régimen iraní publicó este domingo una lista con 2.986 nombres de personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre, y declaró un total de 3.117 víctimas mortales. Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos, sin embargo, advierten que la cifra real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan hasta 20.000 fallecidos.
“Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”, anunció el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. Según el Gobierno, la diferencia de 131 personas entre el total declarado y la lista publicada se debe a identidades desconocidas y discrepancias en los registros del documento nacional de identidad, que serán corregidas e incluidas en una lista complementaria.
Pezeshkian añadió que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que nuevas informaciones y reclamaciones puedan ser examinadas y verificadas sin trámites administrativos complicados.
El comunicado presidencial siguió la línea oficial que atribuye el alto número de víctimas a “terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel. Pezeshkian afirmó que “los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, sin ofrecer detalles específicos.
Las cifras oficiales contrastan notablemente con las recabadas por organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, declaró a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país sugieren que los fallecidos podrían alcanzar las 20.000 personas.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que la magnitud de los muertos y heridos por la represión ha sido “enorme, de miles de personas”, aunque reconoció que verificar la información es difícil debido a las continuas restricciones sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado un uso indiscriminado de fuerza letal, con fuerzas de seguridad disparando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. El colapso de las morgues, el uso de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y entierros apresurados sin identificación previa indican, según estas organizaciones, intentos de ocultar la verdadera escala de la violencia.
El casi total apagón de internet impuesto desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo de ciberseguridad, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo declarado de impedir que se difundan imágenes de la represión y de aislar al país del escrutinio internacional. Según organizaciones de derechos humanos, esta desconexión ha facilitado que las fuerzas de seguridad actúen con mayor impunidad.
Las protestas estallaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por la grave crisis económica. En diciembre la inflación alcanzó el 42,2% y los precios de los alimentos subieron un 72%. El rial se depreció notablemente, situando el dólar en torno a los 145.000 tomanes.
Lo que comenzó como huelgas de comerciantes se transformó en manifestaciones masivas en las 31 provincias del país, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio del sistema político. Se trata de las protestas más numerosas desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando, según funcionarios iraníes citados por medios internacionales, el líder supremo ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”.
Fuentes e imágenes verificadas por The New York Times muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En la localidad de Fardis, testigos afirman que más de 50 manifestantes murieron tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la semana pasada, en una sesión de emergencia, una resolución —con 25 votos a favor— que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluyendo niños, y un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por países como Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos.
La resolución prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y extendió por un año el mandato de la relatora especial de la ONU.
