Francia cuenta desde este lunes con el presupuesto estatal para 2026, un paso clave para el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu y el presidente Emmanuel Macron en la recta final del mandato. El Ejecutivo aprobó las cuentas empleando el controvertido artículo 49.3 de la Constitución y consiguió sortear dos mociones de censura, una impulsada por bloques de izquierda —sin el apoyo del Partido Socialista— y otra por la extrema derecha de Marine Le Pen.
La moción de la izquierda —conformada por fuerzas como La Francia Insumisa, Los Verdes y el GDR (Comunistas y de Ultramar)— obtuvo 260 votos, por debajo de los 289 necesarios para derribar al Ejecutivo. La iniciativa de la Agrupación Nacional y sus aliados sumó alrededor de 130 apoyos. La falta de mayoría parlamentaria llevó a Lecornu a recurrir a la medida excepcional del 49.3, pese a su promesa inicial de no usarla, para evitar la convocatoria de elecciones anticipadas exigida por la ultraderecha y la izquierda radical.
Antes, el Gobierno había pactado con los socialistas la aprobación en diciembre del presupuesto de la Seguridad Social a cambio de aplazar hasta después de las presidenciales de 2027 la controvertida reforma de las pensiones. Esa concesión, que pospone el aumento de la edad de jubilación a 64 años, fue considerada una victoria importante para el socialismo francés.
El presupuesto estatal proyecta un déficit público cercano al 5% del PIB para 2026, por debajo del 5,4% del año anterior y en línea con los compromisos ante la Unión Europea de reducirlo por debajo del 3% en 2029. Entre las medidas incluidas figuran comidas universitarias a un euro, un incremento de la prima de empleo para trabajadores de bajos ingresos y un impuesto a sociedades tenedoras de activos, apuntadas por su uso en estrategias de evasión fiscal.
La aprobación del presupuesto supone un alivio para el Ejecutivo, que durante casi dos años enfrentó negociaciones difíciles, crisis políticas y presión de los mercados de deuda tras las elecciones anticipadas de 2024, que dejaron al Parlamento sin mayoría clara. Las tensiones provocaron la salida de dos primeros ministros y generaron preocupación entre socios europeos sobre la estabilidad fiscal. Tras la aprobación, la prima de riesgo de la deuda pública volvió a niveles previos al anuncio de las elecciones de junio de 2024.
Con el presupuesto resuelto, Lecornu podrá centrar esfuerzos en las elecciones municipales de marzo y en proyectos legislativos pendientes, entre ellos una ley agrícola de urgencia para responder a recientes protestas y abordar problemas como la depredación del ganado, la gestión del agua y los costes de producción; y un plan para afrontar la crisis inmobiliaria mediante la simplificación de normas urbanísticas y el impulso a la construcción.
El Gobierno también prevé revisar la Ley de Programación Militar antes de la primavera, reexaminando partidas para munición, drones, defensa aérea y refuerzo de personal. Paralelamente avanza una reforma de las prestaciones sociales para unificar ayudas y garantizar que los ingresos del trabajo superen siempre a las prestaciones sociales, cuyo despliegue completo no se espera antes de 2030.
(Con información de AFP, EFE y Reuters)
