Lo hará la Corte Suprema en la causa del yate El Bandido; comenzará el 3 de marzo y hay ánimo de que sea expeditivo
Durante más de cuatro horas, todos los abogados vinculados a la causa en la que se investiga al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, a sus familiares, a Jésica Cirio y a su “acompañante de viajes”, Sofía Clérici, acordaron la realización de un amplio estudio patrimonial sobre sus bienes. El expediente busca determinar la posible comisión de delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Los letrados, convocados por el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, consensuaron la elaboración de 83 puntos de pericia sobre los bienes de Insaurralde, Cirio, familiares y Clérici, aun cuando en varios casos no existen constancias documentales de ingresos, recibos ni tributos declarados ante la AFIP, que tampoco registra actividad laboral compatible con esos patrimonios.
No obstante, el peritaje incluirá la investigación sobre el origen de los 600.000 dólares secuestrados en el marco de la causa, con el objetivo de determinar si esos fondos fueron aportados por Insaurralde.
El estudio estará a cargo de peritos de la Corte Suprema, tras una discusión previa en la que el tribunal había evaluado la posibilidad de encomendar la tarea a la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Los trabajos comenzarán el 3 de marzo y existe consenso entre las partes para que el proceso sea expeditivo. Según fuentes del caso consultadas por LA NACION, la pericia podría extenderse entre tres y cuatro meses.

Entre los puntos a analizar figura un supuesto préstamo o donación de 250.000 dólares que Insaurralde habría realizado a Cirio, con el objetivo de establecer el origen de esos fondos. También se investigará cómo se financió el viaje realizado en 2023 a Marbella, donde el exfuncionario compartió una semana con Clérici en una villa de lujo y navegó en el yate Bandido, episodio que dio origen a la causa.

Otro eje de la pericia será la forma de pago de cerca de un centenar de pasajes aéreos, cuyo costo no sería compatible con los ingresos declarados. Asimismo, se analizarán el mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente, donde vivió con Cirio, y la compra de vehículos de alta gama utilizados por Insaurralde y algunos de sus colaboradores.
“Fue un avance muy interesante”, señaló una fuente de la investigación, que destacó además la satisfacción por el consenso alcanzado tras varias horas de audiencia.
Del encuentro participaron el juez Armella; el fiscal Sergio Molla; los abogados Fernando Enrique Pinto y Nicolás Hilario Maciel, por Insaurralde; Claudio José Caffarello y el contador Alejandro Rosenfeld, por Jésica Wanda Cirio; el abogado Martín Juan Larralde, por Sofía Clérici; Juan José Oribe, por Víctor Donadio; y Tomás Brady, en representación de Poder Ciudadano.
Por la Unidad de Información Financiera asistieron Marianela Celia Teich y Victoria López Lucesoli. También intervinieron representantes de la fiscalía, personal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, y la contadora María Eleonora Feser, perito oficial del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación, especializada en casos de corrupción y delitos contra la administración pública.


