En medio de una etapa de relativa calma política, el Gobierno enfrentó una sorpresa: la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, un hecho que no estaba relacionado con la reforma laboral y que tomó por sorpresa tanto a funcionarios en la Casa Rosada como a inversores y asesores en el exterior.
La salida de Lavagna genera incertidumbre sobre la credibilidad del instituto. Fuentes que conocían la discusión interna señalaron que lo que se rompió fue la independencia del INDEC, sus planes de trabajo y, en consecuencia, su confiabilidad.
Ese cuadro se relaciona con un informe del Banco Central de diciembre, que anticipaba cambios en la medición de precios. El organismo informó que, a partir de febrero de 2026, el INDEC publicaría la inflación nacional con un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) para reflejar variaciones en patrones de consumo y la aparición o desaparición de bienes y servicios.
El informe también señalaba que los servicios ganarían peso en la canasta en detrimento de los bienes en alrededor de 12 puntos porcentuales. Según la versión oficial, el Gobierno impidió que el INDEC difundiera esos datos, lo que fue la razón principal de la renuncia de Lavagna.
El episodio ocurrió en una semana intensa en el Congreso, donde no están garantizados los votos para aprobar las reformas previstas en el Senado. Patricia Bullrich sostuvo que se buscará sesionar el 11 de febrero. El debate central con los gobernadores gira en torno al Impuesto a las Ganancias: el proyecto reduce la alícuota máxima para sociedades del 35% al 31,5% y rebaja otras escalas, con un impacto fiscal estimado en 1,7 billones de pesos para 2026. Los gobernadores calculan una pérdida de coparticipación cercana a 144 mil millones de pesos mensuales y piden compensaciones; por ahora, el presidente Javier Milei no autorizó cambios.
En ese contexto, el bloque de Fuerza Patria convocó a una reunión con casi todos sus integrantes, donde se tratarán la reforma laboral y otras cuestiones. Además de las negociaciones con gobernadores dialoguistas, la fuerza enfrenta tensiones internas que podrían derivar en rupturas si no se resuelven.
Un caso emblemático de esas tensiones es lo ocurrido en Jujuy. El PJ provincial está intervenido y la conducción provisional está a cargo de referentes cercanos a Cristina Kirchner. La senadora Carolina Moisés, que planeaba competir internamente contra La Cámpora, fue suspendida por supuesta “inconducta partidaria” y se le dieron de baja a 300 afiliados afines, lo que eleva la posibilidad de una fractura interna.
El temor es que este tipo de conflictos se reproduzcan en otras provincias, porque aunque los sellos partidarios parezcan menos relevantes, en realidad definen estructuras y candidaturas futuras. En Buenos Aires, Axel Kicillof tiene poco tiempo para decidir si acepta o rechaza la oferta de La Cámpora para presidir el PJ bonaerense; su preferencia por Verónica Magario no logró consenso, mientras que Máximo Kirchner impulsa otra candidatura. El plazo para cerrar listas vence el 8 de febrero y muchos están recolectando avales por precaución.
En el PJ hay dirigentes que critican la idea de financiar internas internas costosas y buscan soluciones que eviten confrontaciones. En una conciliación práctica se acordó incorporar dos veedores adicionales al listado ya confirmado para supervisar las listas, aunque persiste el debate sobre la reelección indefinida de intendentes.
Fuera de las disputas partidarias, algunas fuerzas buscan vías judiciales para mantener posiciones. En la órbita del gobernador bonaerense preocupa un déficit fiscal que no baja de 1,5 billones de pesos y la capacidad de pago a proveedores. Solo en alimentos la provincia gasta más de 60 mil millones de pesos mensuales, y funcionarios reconocen que están supliendo recortes de la Nación.
En la Ciudad de Buenos Aires también hubo movimientos relevantes: la Secretaría de Desarrollo Urbano, responsable de permisos para proyectos inmobiliarios, cambió de manos y se interpretó como un ajuste en el mapa de poder y relaciones con empresarios y desarrolladores.
Karina Burijson, funcionaria de confianza del jefe de Gobierno Jorge Macri, dejó el área y será reemplazada por Agustina Olivero Majdalani. Fuentes del PRO atribuyen ese cambio a la influencia de Daniel “Tano” Angelici, quien consolidó su control sobre esa área.
Angelici ya había ampliado su influencia tras la aprobación del Presupuesto, cuando logró la designación de Christian Gribaudo como secretario administrativo de la Legislatura, cargo desde el cual se gestionan gastos y contrataciones. El movimiento se interpreta como una cesión de poder por parte de Macri para evitar fricciones con una Legislatura poco afín, una decisión que divide opiniones.
Finalmente, otros actores encontraron rápidamente nuevas posiciones: el exlegislador Yamil Santoro, que en diciembre dejó su banca y buscaba empleo públicamente, asumió como CEO del Parque de la Innovación en la Ciudad, en un reflejo de las oportunidades de colocación dentro de la administración porteña.
