En 2025 Brasil registró por quinto año consecutivo una disminución de los homicidios: cayó un 11% respecto a 2024, con unos 34.000 fallecidos, lo que equivale a un promedio de 93 muertes diarias y representa el nivel más bajo en cinco años. En 2020, por contraste, las muertes violentas superaron las 45.000. Estos datos, recopilados por las secretarías estatales de Seguridad Pública y consolidados por el Ministerio de Justicia, son provisionales, pues algunos estados aún no han remitido las cifras completas de diciembre. Paralelamente, el feminicidio alcanzó un récord: en 2025 fueron asesinadas 1.470 mujeres (aproximadamente cuatro al día), superando las 1.459 de 2024. En la ciudad de São Paulo se registraron 57 feminicidios —el mayor número desde que se empezaron a recopilar datos en 2015— y en todo el estado 207 mujeres fueron asesinadas frente a 191 el año anterior. Además, el Mapa Nacional de la Violencia de Género indica que alrededor de 3,7 millones de mujeres sufrieron al menos un episodio de violencia doméstica en los 12 meses cerrados en noviembre pasado.
La mayoría de los agresores son parejas actuales o —sobre todo— exparejas que no aceptan la separación. Ese rechazo puede generar una ira extrema y actos de crueldad que buscan marcar dominio sobre la víctima, a veces exhibiendo la violencia públicamente. En diciembre, una operación de la Policía Civil de São Paulo detuvo en pocas horas a 233 agresores tras la emisión de 1.400 órdenes de arresto, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), la residencia de la víctima sigue siendo el principal escenario de los feminicidios (64,3% de los casos), mientras que solo el 21,2% ocurrió en espacios públicos, donde es más fácil solicitar ayuda.
Algunos casos recientes generaron fuerte indignación pública. Entre ellos, el de Tainara Souza Santos, de 31 años, que fue atropellada, arrastrada durante un kilómetro y posteriormente amputada; tras 25 días de hospitalización falleció. Expertos han clasificado actos así dentro de la dinámica del “overkill”, donde la violencia extrema y las mutilaciones simbolizan el intento de reafirmar control sobre la víctima. En otros casos la justicia tarda décadas: a finales de enero fue detenido en Bahía Sergio Nahas, empresario de 61 años condenado por el asesinato de su esposa Fernanda Orfali en 2002, tras casi 24 años desde el crimen.
Un caso emblemático es el de 1976 de Ângela Diniz, asesinada por su amante Doca Street en Búzios. Durante el juicio de la época se invocó la tesis de la “legítima defensa del honor”, una narrativa que justificaba en parte el crimen y que reflejaba el machismo e impunidad prevaleciente. El debate público suscitado por el caso contribuyó a cuestionar y modificar esa narrativa: durante años el agresor sostuvo que la culpable era la víctima, afirmando que se trataba de un “amor loco”, pero la movilización social cambió la percepción pública sobre ese tipo de defensas.
Jurídicamente, el caso de Ângela Diniz marcó un antes y un después. Tras una primera sentencia más leve en 1979, la presión social y el movimiento feminista llevaron a un nuevo juicio en 1981, cuando Doca Street fue condenado a 15 años de prisión y la idea de que el “honor” justificaba el homicidio perdió legitimidad. Con el tiempo esa tesis fue rechazada por los tribunales y, en 2021, el Supremo Tribunal Federal (STF) la declaró inconstitucional para casos de feminicidio y violencia contra las mujeres.
Otro avance relevante fue la promulgación de la Ley Maria da Penha en 2006 (Ley n.o 11.340/2006), el principal instrumento jurídico contra la violencia doméstica y de género en Brasil. La ley define cinco tipos de violencia (física, psicológica, sexual, patrimonial y moral), reconoce la violencia de género como violación de derechos humanos e introdujo medidas de protección urgente —expulsión del agresor, prohibición de acercamiento y protección del hogar y bienes— además de obligar una intervención rápida de la policía y la magistratura. La norma surgió del caso real de Maria da Penha Maia Fernandes, sobreviviente de intentos de asesinato por parte de su esposo, y transformó el enfoque legal y cultural hacia la violencia de género. En 2024 Maria da Penha fue incluida en el Programa de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos ante amenazas relacionadas con su activismo.
La semana pasada los tres poderes de la República firmaron un pacto nacional para combatir el feminicidio. Lo suscribieron el presidente del STF, Edson Fachin; los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Davi Alcolumbre y Hugo Motta; y la ministra de las Mujeres, Márcia Lopes. El pacto busca coordinar acciones entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial centradas en la prevención, la protección de las víctimas, la rendición de cuentas de los agresores y la garantía de derechos.
Aunque existen avances legales e institucionales, persisten importantes brechas: desigual distribución de políticas públicas en el territorio, escasez de comisarías especializadas y, sobre todo, deficiencias en la supervisión del cumplimiento de las medidas de protección para las víctimas que denuncian. En prevención faltan enfoques sistémicos, incluidos programas escolares que promuevan una educación relacional y de igualdad para futuros hombres y mujeres, pues prácticas culturales y roles desiguales pueden alimentar la violencia y la subordinación en el hogar.
En lo socioeconómico, las mujeres enfrentan desventajas persistentes: en 2025 la participación femenina en el mercado laboral fue de alrededor del 41% frente al 68% masculina, en buena medida por la concentración en trabajos de cuidado no remunerados y roles sociales desiguales. La tasa de desempleo femenina fue del 6,9% frente al 4,8% masculina en el segundo trimestre de 2025, y las mujeres están sobrerrepresentadas en sectores de bajos salarios como los servicios. La brecha salarial se mantiene: hoy las mujeres ganan aproximadamente un 21% menos que los hombres. La Ley 14.611/2023 avanzó en materia de transparencia salarial para reducir esa diferencia, pero los mecanismos de control y aplicación siguen siendo insuficientes para transformar una desigualdad arraigada.
