Imagine que eres el dirigente de un país y te enfrentas a un dilema. Unos 500.000 residentes, esenciales para el funcionamiento diario —cuidan a personas mayores, trabajan en empresas grandes y pequeñas, cultivan los alimentos, forman parte de la vida comunitaria y disfrutan de actividades como pasear por parques o jugar en equipos deportivos— viven en tu territorio.
Lo que los distingue es que no disponen de documentación legal que les permita residir formalmente. Por ello carecen de muchos derechos y obligaciones: no pueden acceder plenamente a la educación superior, cotizar o recibir cobertura social como los ciudadanos ni tributar con las mismas garantías.
¿Qué hacer ante esa situación? Algunos gobiernos han optado por medidas represivas y expulsiones. Nuestro Ejecutivo eligió otra vía: un procedimiento ágil para regularizar su situación. Hace un mes se aprobó un decreto que posibilita que hasta medio millón de inmigrantes indocumentados en España obtengan permisos de residencia temporales, con requisitos concretos y renovables al cabo de un año.
Lo hemos hecho por dos motivos. El primero, de carácter ético: España fue en su momento una nación de emigrantes; generaciones pasadas buscaron oportunidades fuera, y hoy que el país atrae personas de fuera, corresponde ser una sociedad acogedora y solidaria.
El segundo motivo es pragmático. Las sociedades occidentales necesitan población. Sin migración, muchas experimentarán un declive demográfico que pondrá en riesgo economías, servicios públicos y sistemas de pensiones y salud. Ni la automatización ni la IA resolverán esa pérdida de población a corto o medio plazo. Integrar a los migrantes de forma ordenada es la alternativa viable.
No es una tarea sencilla. La migración genera oportunidades y también desafíos que deben abordarse. No obstante, la mayor parte de esos problemas no se explica por la etnia, la religión o el idioma de las personas migrantes, sino por factores compartidos con la población nativa: pobreza, desigualdad, mercados mal regulados y barreras para acceder a la educación y la salud. Debemos centrar los esfuerzos en esos problemas reales.
Hoy no todos los gobiernos apoyan la regularización, pero hay más apoyo del que suele percibirse. La iniciativa en España surgió de la sociedad civil, cuenta con el respaldo de más de 900 ONG, incluida la Iglesia Católica, y tiene el apoyo de asociaciones empresariales y sindicatos. Además, según una encuesta reciente, casi dos de cada tres españoles consideran la migración una oportunidad o una necesidad para el país.
Quienes promueven discursos de cierre pueden afirmar que España no puede asumir la acogida de tantos migrantes y calificarlo de política suicida. No obstante, la realidad económica es distinta: España ha registrado en los últimos tres años el mayor crecimiento entre los países grandes de Europa, ha generado cerca de un tercio de los nuevos empleos en la UE, y la tasa de desempleo ha caído por debajo del 10% por primera vez en casi veinte años. El poder adquisitivo ha mejorado y los niveles de pobreza y desigualdad se sitúan en sus mínimos desde 2008. Esta recuperación se debe al esfuerzo de la ciudadanía, a la cooperación europea y a políticas inclusivas que consideran a los migrantes como actores necesarios.
Lo que nos ha funcionado puede ser útil para otros países. Es hora de que los líderes expliquen con claridad el dilema: como naciones occidentales debemos escoger entre cerrarnos y empobrecernos o abrirnos y prosperar. Esa elección implica crecimiento material y también desarrollo humano y social.
Los gobiernos pueden adoptar una visión de suma cero y apostar por el aislamiento, la escasez y el retroceso, o pueden aprovechar las fuerzas —con todas las dificultades que conllevan— que han permitido la prosperidad de nuestras sociedades durante siglos.
Para mí la decisión es evidente. Por el bien de la prosperidad colectiva y la dignidad humana, espero que otros sigan el mismo camino.
(c) The New York Times
