Argentina fortaleció el control de sus aguas con la implementación de un nuevo protocolo destinado a combatir la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR). La medida pretende proteger los recursos marinos y consolidar el ejercicio de la soberanía sobre la plataforma continental, en un contexto de presión creciente sobre especies de alto valor comercial.
La norma fue oficializada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. Mediante la Disposición N° 20/2026 se estableció un esquema más preciso para detectar y sancionar a buques de bandera extranjera que operen de forma ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
El aspecto central de la disposición es transformar criterios técnicos en parámetros objetivos y verificables. A partir de ahora, determinadas conductas de navegación se considerarán indicios formales de pesca ilegal; por ejemplo, un buque extranjero que navegue a menos de 6 nudos y ejecute cambios de rumbo compatibles con tareas de pesca podrá presumirse en actividad ilícita.
La medida presta especial atención a la flota potera, dedicada a la captura de calamar, uno de los recursos más demandados del Atlántico Sur. En esos casos, la presunción de pesca ilegal se activará si las embarcaciones navegan a 2 nudos o menos sin justificación técnica válida. Para sustentar estas evaluaciones, el control se apoyará en tecnología satelital y en registros electrónicos de alta precisión integrados al Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina.
Además del endurecimiento de los controles, la normativa incorpora garantías procesales para los involucrados. Los capitanes podrán presentar descargos y documentación técnica —como reportes meteorológicos, fallas mecánicas o emergencias operativas— que expliquen sus maniobras, asegurando el respeto al debido proceso y a los estándares internacionales de fiscalización.
La iniciativa se enmarca también en el Principio Precautorio, que faculta al Estado a actuar de forma preventiva ante el riesgo de daños graves al ecosistema marino, incluso cuando no exista certeza científica absoluta al momento de la detección.
