Roque Sáenz Peña fue un conservador de origen aristocrático que, a los 59 años, asumió la presidencia tras un proceso marcado por el fraude, pero se comprometió a terminar con esas prácticas. Por problemas de salud residió en la Casa Rosada, donde hizo vestir a sus ordenanzas con uniformes inspirados en la época de Luis XIV; la calle lo apodó “Roque I”. En 1887 se casó con la mendocina Rosa Isidora González, siete años menor, quien como primera dama solía trasladarse en tranvía. Sáenz Peña había combatido en la revolución de 1874 contra Bartolomé Mitre y participó como voluntario en la Guerra del Pacífico en el ejército peruano, donde fue distinguido como general honorario. Como diplomático defendió la idea de una América abierta a la humanidad, en contraposición a la doctrina Monroe, y contribuyó a la creación de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya.
Pudo haber sido presidente antes, pero una maniobra de Julio A. Roca benefició a su padre; Roque se retiró de la política y regresó cuando su progenitor renunció. Finalmente asumió la presidencia el 12 de octubre de 1910 y promovió una ley destinada a transparentar las elecciones.
Los cambios en el sistema electoral
Se considera que prácticas fraudulentas existieron desde tiempos tempranos, como en el Cabildo Abierto de 1810. En 1821 se combinó el sufragio universal con el voto calificado, que exigía ser propietario, lo que limitaba mucho la participación. La Constitución de 1853 proclamó la soberanía popular y el sufragio para los varones adultos; las parroquias fijaban las secciones electorales y surgieron los primeros clubes políticos.
Hasta 1863 no había un padrón previo: la lista de votantes se organizaba al inicio del comicio, requiriendo acreditar domicilio en la parroquia e inscripción en la Guardia Nacional. Solo votaba un porcentaje mínimo de la población y las elecciones frecuentemente terminaban en violencia, con grupos organizados por los partidos que empleaban a peones, desocupados y estudiantes como fuerza.
En esos comicios era común que se falsearan nombres en las papeletas o que se tolerara el voto por quienes figuraban con otra identidad, y la respuesta habitual era que, si el voto ya estaba alterado, la preferencia real del votante no importaba.
Las estrategias de un voto poco transparente
Las votaciones se realizaban en atrios, frentes de juzgados o dependencias municipales, y solían registrarse resultados unánimes a favor del partido gobernante. Se movilizaban grupos que votaban parroquia por parroquia y había casos de personas que sufragaban varias veces en el mismo lugar.
Prácticas como inscribir a una misma persona en distintos registros o computar votos de fallecidos eran habituales. No era raro que el número de votos en una mesa superara el padrón, que se cambiara una urna por otra cuando los resultados no convenían o que se registraran cifras absurdas, como el caso de San Bernardo, donde se contabilizaron 1.500 votos oficiales pese a que habían votado 200 personas.
Tras el escrutinio se asentaban los datos en un acta y se proclamaba al ganador públicamente; los resultados se remitían a la legislatura y, en algunos casos, esa misma legislatura cambiaba el nombre proclamado por el del candidato que debía imponerse.
Votos comprados
La compra de votos era habitual: tras votar, el electorado recibía un vale que luego canjeaba por dinero en el comité partidario. Se llevaba un registro detallado de estas personas para emplearlas en mesas decisivas.
Las autoridades de mesa eran elegidas entre vecinos —dos por sorteo y dos designadas por la legislatura—. En 1873 los partidos agregaron fiscales y se sustituyó el voto oral por boletas que consignaban los datos del votante y los nombres de los candidatos; en ese momento todavía no se votaba por listas completas sino por nombres.
La primera ley electoral fue la 140 de 1857, que estableció el voto calificado y fijó la edad mínima en 21 años, excluyendo a sordomudos y funcionarios eclesiásticos. La ley 207 de 1859 redujo la edad a 18 años y reguló el sistema de lista incompleta; el voto no era obligatorio.
Un mes antes de asumir, Sáenz Peña se reunió en secreto con Hipólito Yrigoyen. Temía disturbios por el fraude y creía que, aunque el radicalismo estaba sobrevalorado, podía ser derrotado; Yrigoyen, en cambio, reclamaba garantías para votar sin coacción.
Se encontraron a comienzos de septiembre de 1910 en la casa del diputado Manuel Paz en la calle Viamonte. Sáenz Peña manifestó su intención de impulsar una reforma electoral; Yrigoyen propuso intervenir las catorce provincias para limitar la influencia de gobernadores vinculados al “Régimen”. Sáenz Peña rechazó esa medida y ofreció dos carteras al radicalismo, oferta que fue declinada por Yrigoyen, quien pidió garantías para la libertad de voto y condicionó la concurrencia a las urnas a esas garantías, adelantando que en 1916 serían gobierno.
Desde Europa, Indalecio Gómez recibió un telegrama de Sáenz Peña ofreciéndole el Ministerio del Interior; al explicar la elección, Gómez dijo que lo había elegido porque “nunca lo quiso a Roca”.
Gómez, católico practicante y diputado, participó en la organización de la Facultad de Filosofía y Letras y del Museo Etnográfico. Fue defensor de la encíclica Rerum Novarum, fundó la Unión Católica y se vinculó con figuras como José Manuel Estrada, Pedro Goyena y Emilio Lamarca.
La propuesta de voto universal, secreto y obligatorio, impulsada por Sáenz Peña, requería un defensor sólido en el Congreso; Gómez asumió ese papel y calificó el proyecto como “la revolución por los comicios”.
Antes de la ley Sáenz Peña se aprobaron las leyes 8129, que estableció el enrolamiento obligatorio y la unificación de registros con los militares, y 8130, que encomendó a los jueces la elaboración de los padrones.
El Poder Ejecutivo presentó el 11 de agosto de 1911 un proyecto que proponía el voto secreto y obligatorio y un sistema de lista incompleta que asignaba dos tercios de los cargos a la primera mayoría y un tercio a la segunda, favoreciendo una representación más proporcional para agrupaciones menores.
Al defender el proyecto ante la oposición, Gómez advirtió que estaba combatiendo rutinas e intereses arraigados y sostuvo su argumento a lo largo de prolongadas sesiones parlamentarias.
El discurso del diputado clave
Gómez tenía un estilo contenido al hablar: se inclinaba ligeramente hacia adelante, hablaba en voz baja y sostenía argumentos contundentes. Denunció que el “espíritu cívico” estaba muerto y que la democracia era nula, porque el pueblo no votaba realmente; señaló tres males principales: la abstención, el fraude y la venalidad, y culpó a la “máquina” electoral por impedir la formación de partidos populares.
Su defensa en ambas cámaras fue decisiva para la aprobación del proyecto.
El 24 de noviembre de 1911 la iniciativa se aprobó en general por 49 votos contra 32; el tratamiento particular se extendió hasta el 20 de diciembre. Diputados rechazó inicialmente la obligatoriedad del voto, pero el Senado insistió y finalmente la cámara baja la aprobó. La ley fue sancionada el 10 de febrero de 1912 y promulgada el 13, con el número 8871.
Desde la aplicación de la ley en 1912 hasta las elecciones de 1928, la Unión Cívica Radical obtuvo la primera posición electoral.
El creador de la urna
Para asegurar la votación también se convocó un concurso para diseñar la urna: se presentaron más de mil modelos y la condición fue que fuera segura, resistente y fácil de manejar. Ganó el diseño de Tito Pedro José Bottai, quien luego fue intendente de Esperanza (Santa Fe) entre 1928 y 1930.
La primera aplicación de la ley se realizó el 31 de marzo de 1912 para elegir gobernador y vicegobernador de Santa Fe, en la que resultó vencedor el radical Manuel Menchaca con el 40% de los votos. La primera elección presidencial bajo el nuevo sistema tuvo lugar el domingo 2 de abril de 1916, en la que triunfó el radicalismo, cumpliéndose así la predicción de Yrigoyen.
