Considero necesario exponer una situación de arbitrariedad e injusticia que afecta a los veteranos de guerra (VGM) que son militares de carrera y perciben un haber de retiro.
Durante la Guerra de Malvinas cumplí trece misiones de combate como piloto del avión Grumman Tracker S2-E, integrando la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina en el Atlántico Sur. Realicé misiones diurnas y nocturnas, en diversas condiciones meteorológicas, desde el portaaviones ARA “25 de Mayo” y desde las bases continentales de Río Gallegos y Río Grande.
En ese contexto histórico, el riesgo y la entrega al país no hicieron distinción de jerarquías ni de situación administrativa.
Sin embargo, a 44 años de esos hechos, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene una distinción que considero discriminatoria: por ser militar de carrera y percibir un haber de retiro, se nos excluyó de la Pensión de Malvinas que otorga la Ciudad y ahora también se nos excluye del beneficio de gratuidad del sistema de telepeajes urbanos establecido por la Ley No 6930 del 27 de noviembre de 2025, que se promulgó automáticamente el 6 de enero de 2026.
Esa gratificación y la pensión de Malvinas se concedieron únicamente a los ex conscriptos y a militares del cuadro permanente que solicitaron la baja, así como a militares retirados que no perciben haber de retiro, lo cual configura, a mi entender, un trato diferencial injustificado.
Resulta difícil justificar que se establezca una “jerarquía” de veteranos basada en el ingreso mensual, ignorando el principio constitucional de igualdad ante la ley. La condición de veterano de guerra no debería fragmentarse en grados: quien participó en el conflicto es veterano.
El haber de retiro es una retribución por años de servicio y por los aportes realizados a lo largo de la carrera, y en muchos casos esos aportes continúan de alguna forma aun después del retiro. En cambio, la gratuidad del telepeaje es un reconocimiento y una muestra de gratitud por haber combatido en Malvinas, reconocimiento que no debería incorporar cláusulas de exclusión.
La exclusión que se aplica puede interpretarse como una forma de “desmalvinización”. Al dejar fuera a los militares de carrera con haber de retiro, se sugiere que su aporte valió menos o que su riesgo fue compensado por la continuidad en la carrera, lo que es una afrenta al honor militar. El haber de retiro responde a una lógica de seguridad social; el beneficio por Malvinas debe ser un reconocimiento igualitario al valor y al sacrificio.
No parece razonable asignar distinto valor al sacrificio de quienes volaron, navegaron o combatieron en tierra según hayan continuado en las Fuerzas Armadas y hoy perciban un haber de retiro, o según hayan solicitado la baja. Esta distinción refleja, a mi juicio, una decisión discriminatoria e inconstitucional, impulsada por criterios ideológicos que perjudican la coherencia del reconocimiento institucional.
Resulta contradictorio que el Estado argentino me haya considerado apto para comandar una aeronave de guerra y cumplir trece misiones en condiciones extremas para defender la bandera, y que ahora el Gobierno de la Ciudad me considere “diferente” o “no merecedor” de una exención de peaje o de otro beneficio social por el hecho de mantener el uniforme y percibir un haber de retiro.
Esta discriminación no solo plantea un posible incumplimiento constitucional; afecta la memoria de los caídos y el honor de los sobrevivientes. No se trata únicamente del valor económico de un peaje, sino del cumplimiento del reconocimiento prometido por la Nación a quienes combatieron.
Es necesario que el reconocimiento sea igualitario para todos los que defendimos la soberanía nacional, sin excepciones, y que la gesta de Malvinas deje de utilizarse con fines políticos.
