La situación de la Policía de Santa Fe pone en discusión un aspecto central del sistema de seguridad pública: las propias fuerzas policiales. Asumir que quienes optan por la carrera policial lo hacen únicamente por vocación excluye a quienes lo hacen como una salida laboral.
Ser policía es, como cualquier profesión, una elección motivada por diversas razones; una muy extendida es la posibilidad de contar con un ingreso y una cobertura de salud.
Los procesos de selección e ingreso a las fuerzas, tanto federales como provinciales, muestran que muchas personas se inscriben buscando un empleo estable, una carrera dentro de la institución y acceso a obra social.
En otras palabras: eligen una profesión destinada a brindar seguridad a la sociedad, pero también buscan, con fundamento, otras seguridades personales y laborales: salario, estabilidad y prestaciones.
Aquí surge un primer problema: las autoridades políticas responsables de Seguridad, que deberían modernizar y supervisar los centros de formación, suelen mantenerse distantes y delegan en los mandos policiales la selección, formación y conducción del personal.
Actualmente un agente ingresante percibe un salario cercano a $800.000 y, por lo limitado de ese ingreso, muchos requieren complementar sus ingresos para cubrir necesidades básicas. No es infrecuente observar policías conduciendo autos de aplicación, realizando repartos por plataformas o vendiendo productos por redes sociales.
Las actualizaciones salariales de los últimos dos años fueron menores y, junto con la reducción de prestaciones de la obra social, han incrementado el malestar. Esto genera excesos de horas extra y reduce los descansos imprescindibles para quienes portan armas y deben mantener el orden.
Las políticas de seguridad basadas en anuncios grandilocuentes y en escenificaciones, sin respaldo operativo real, terminan dejando a las fuerzas con salarios deteriorados, equipamiento insuficiente, capacitación limitada y cobertura médica en crisis.
Ese discurso, pasajero y vacío, produce indignación selectiva y como consecuencia deja policías mal pagados, falta de aeronaves operativas y flotas de patrulleros sin renovación. El efecto mediático se desvanece cuando los reclamos se hacen públicos. Si sumamos fuerzas federales, policías provinciales y servicios penitenciarios, son más de un millón de integrantes los implicados.
Es imprescindible abordar el tema con seriedad y honestidad: ser policía es un trabajo con responsabilidades delegadas que exige el reconocimiento de derechos para poder exigir luego el cumplimiento de las tareas necesarias para garantizar la seguridad.
Mantener el orden es un valor democrático; el desorden lo padecen quienes menos recursos tienen para costear seguridad privada o medidas de protección. El orden democrático implica asumir la responsabilidad estatal del uso legítimo de la fuerza.
Una política de seguridad moderna requiere cuidar a quienes la ejecutan: formarlos adecuadamente, equiparlos con lo necesario y ofrecer una carrera profesional que incluya incentivos económicos y de capacitación que reconozcan el mérito, no solo la antigüedad. También exige presencia en el territorio para comprender las condiciones reales de trabajo.
Además debe existir un sistema de apoyo interdisciplinario y profesional para contener a quienes intervienen en situaciones de uso de armas y atender las secuelas físicas y psicológicas que esas intervenciones generan.
Todo ello demanda un compromiso claro de las autoridades políticas para reconocer y premiar a los miles de policías que cumplen correctamente y son fundamentales para prevenir y proteger a millones de argentinos.
Ser policía es un trabajo. Ser ministro de Seguridad también: requiere gestión y decisiones concretas, no solo fotografías y apariciones públicas.
