El incremento persistente de la ansiedad, la depresión, el estrés crónico y las crisis emocionales en Panamá llevó al Estado a reconocer que la salud mental no puede seguir siendo un asunto secundario dentro del sistema sanitario.
La creación de la Comisión Técnica Intersectorial de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres (CTI-SMAPS) supone una respuesta a problemas que se han agravado tras la pandemia, los desastres naturales y las presiones económicas recientes.
Con la participación de 27 instituciones públicas y organizaciones aliadas, la comisión busca coordinar una respuesta ante situaciones que afectan el bienestar psicológico, la estabilidad emocional y la capacidad de adaptación social de miles de personas.
Para las autoridades, el propósito es superar la fragmentación histórica en la atención de los trastornos mentales y construir un sistema más integrado, preventivo y accesible.
El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, explicó que este espacio permitirá analizar estadísticas oficiales, diagnósticos clínicos, tendencias epidemiológicas y reportes comunitarios para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
Se prevé fortalecer la atención primaria con equipos de psicólogos, psiquiatras, orientadores y trabajadores sociales, poniendo énfasis en las poblaciones expuestas a emergencias y a crisis prolongadas.
Uno de los detonantes principales de esta iniciativa fue la pandemia de COVID-19. El confinamiento, la pérdida de ingresos, el aislamiento social y el duelo provocaron un aumento de trastornos emocionales, ansiedad generalizada, insomnio y depresión, especialmente entre jóvenes, estudiantes y adultos mayores.
Los registros del sistema público muestran un incremento constante en las consultas por problemas psicológicos. Hospitales y policlínicas reportan más casos de ataques de pánico, agotamiento mental, conductas autolesivas y conflictos familiares, muchos vinculados a estrés económico, violencia doméstica y precariedad laboral.
Karen Holder, directora de la Oficina Integral de Riesgos a Desastres en Salud, recordó que la comisión fue formalizada mediante un decreto ejecutivo en diciembre de 2025, lo que le otorga respaldo legal y operativo.
Esto permitirá establecer protocolos estandarizados, rutas de atención y mecanismos de coordinación para evitar que la respuesta dependa de iniciativas aisladas o improvisadas.
Organismos internacionales de salud han advertido que los trastornos mentales se han convertido en una de las principales causas de discapacidad.
En la región, la depresión y la ansiedad afectan con mayor frecuencia a mujeres, adolescentes y jóvenes adultos, lo que plantea desafíos en términos de equidad, acceso a servicios y prevención temprana.
En Panamá, estas tendencias se observan con mayor intensidad en comunidades vulnerables, áreas rurales y zonas afectadas por inundaciones, sequías o desplazamientos, donde una emergencia implica no solo pérdidas materiales sino también trauma colectivo, ruptura del tejido social y deterioro emocional de larga duración.
Ana Riviére Cinnamond, representante de la OPS/OMS en el país, señaló que el aislamiento durante la pandemia afectó de forma significativa las capacidades sociales, emocionales y académicas de miles de estudiantes, lo que explica en parte el aumento de problemas de conducta, abandono escolar, consumo de sustancias y violencia juvenil.
Los adultos en edad productiva también han sido afectados: el aumento del costo de vida, la inestabilidad laboral y la presión por mantener ingresos han favorecido el desarrollo de síndrome de agotamiento, depresión funcional y trastornos adaptativos que, en muchos casos, no reciben atención profesional oportuna.
Un obstáculo persistente es el estigma: durante décadas los problemas de salud mental se asociaron con debilidad personal o fracaso individual, lo que limitó la búsqueda temprana de ayuda y provocó que muchas personas llegaran al sistema en etapas avanzadas de deterioro.
La CTI-SMAPS pretende cambiar esa narrativa mediante campañas de sensibilización, capacitación comunitaria y formación en primeros auxilios psicológicos. Además, integrará el componente psicosocial dentro de los planes nacionales de gestión de riesgos para que la atención emocional sea parte central de cualquier respuesta a emergencias.
La participación del Ministerio de la Mujer, del Sistema de Naciones Unidas, de fundaciones y de entidades técnicas apunta a una estrategia multisectorial, con el objetivo de llevar la salud mental más allá de los hospitales hacia escuelas, barrios, centros laborales y comunidades rurales donde la necesidad es mayor.
La creación de esta comisión refleja un cambio gradual en la forma en que el Estado aborda las consecuencias invisibles de las crisis: el enfoque ya no se limita a reconstruir infraestructuras, sino a atender el impacto psicológico que condiciona la recuperación social y económica.
En América Latina, uno de los principales rezagos en salud mental es el bajo nivel de inversión pública. En promedio, los países de la región destinan una fracción mínima de su presupuesto sanitario a programas de prevención psicológica, rehabilitación emocional y atención comunitaria, lo que limita la cobertura real.
Esta situación se traduce en listas de espera prolongadas, escasez de psiquiatras y psicólogos clínicos, y concentración de servicios en zonas urbanas, dejando a comunidades rurales y apartadas prácticamente sin atención especializada.
La brecha territorial se combina con desigualdades de género que afectan los patrones de atención: en varios países las mujeres presentan mayores tasas de trastornos depresivos y de ansiedad y son quienes más buscan ayuda profesional.
En contraste, los hombres tienden a postergar la atención, lo que incrementa el riesgo de conductas autodestructivas, consumo problemático de alcohol y un deterioro progresivo de su salud mental.
Otro factor determinante en la región es la relación entre salud mental y productividad: estudios recientes muestran que el ausentismo laboral, la rotación de personal y la disminución del rendimiento están cada vez más vinculados a problemas emocionales no tratados.
Empresas y gobiernos enfrentan costos crecientes derivados del burnout, la desmotivación crónica y los conflictos interpersonales, por lo que la salud mental se percibe cada vez más como una cuestión económica además de sanitaria.
