Los hechos en las inmediaciones del Congreso no correspondieron a una manifestación espontánea ni a una reacción pasajera: fueron actos violentos organizados y planificados con un propósito político claro, orientados a generar caos para influir en el debate democrático.
Mientras el Senado debatía una ley relevante sobre el futuro del trabajo en la Argentina, se presentaron grupos con logística, elementos para agredir y una dinámica coordinada de enfrentamiento. Eso no es una protesta social pacífica, sino una acción violenta destinada a intimidar al sistema institucional.
La presencia de piedras preparadas, bombas molotov, materiales para resistir la actuación policial y tácticas de confrontación indica que no se trató de ciudadanos que fueron a manifestarse en forma pacífica. Fueron grupos con la intención de generar desorden, obstaculizar el funcionamiento institucional y transmitir la idea de que las decisiones del Congreso pueden modificarse mediante la violencia en la calle.
Cuando la violencia se organiza para infundir miedo, paralizar instituciones o condicionar decisiones democráticas, nos enfrentamos a prácticas que rozan el terrorismo político contra el orden constitucional.
Defender la democracia también exige ser claros sobre el derecho a manifestarse: es legítimo, constitucional y forma parte de la vida republicana. Sin embargo, ese derecho cambia de naturaleza cuando se utiliza la violencia como método político. La democracia no se fortalece rompiendo el orden institucional ni sustituyendo el debate parlamentario por la coacción callejera.
El Congreso es el espacio natural para debatir las leyes: allí se discute, se argumenta, se vota y se representa la voluntad popular. Cuando actores políticos intentan imponer posiciones mediante el miedo, la destrucción o ataques a las fuerzas de seguridad, no están defendiendo derechos; están poniendo en riesgo el sistema democrático que dicen proteger.
En términos claros, esto puede calificarse como terrorismo.
Argentina debe cerrar definitivamente la etapa en la que la violencia política se usaba como herramienta de presión. Las transformaciones necesarias se discuten con ideas, votos e instituciones fuertes. La democracia se protege respetando las reglas; recurrir a la violencia política no es militancia, sino un atentado contra el orden constitucional.
