Cuba enfrenta una crisis profunda que va más allá de una recesión cíclica o de la persistente disputa ideológica con Estados Unidos. La isla sufre apagones prolongados, escasez de combustibles que afectan al transporte y a la aviación civil, y un desplome de su principal fuente de ingresos: el turismo. La combinación de sanciones estadounidenses más estrictas, restricciones a terceros proveedores de petróleo y la reducción del apoyo externo han dejado a Cuba en una situación de elevada vulnerabilidad. La política de la administración de Donald Trump situó el suministro energético cubano en el centro de la estrategia estadounidense en el Caribe, con implicaciones económicas, sociales y geopolíticas significativas.
El colapso energético es de carácter estructural. Las autoridades han reconocido que las reservas de combustible alcanzan solo para unas semanas, lo que ha llevado al racionamiento de actividades básicas, la suspensión de vuelos y la reorganización del funcionamiento estatal. La electricidad se ha convertido en el principal cuello de botella: sin energía no hay transporte, conectividad, producción ni servicios. En una economía altamente dependiente del petróleo importado, la interrupción del suministro provoca una parálisis sistémica, no solo molestias puntuales.
El sector turístico, que desde los años noventa sustituyó en buena medida a los subsidios soviéticos como fuente de divisas, se ha desplomado. Antes de la pandemia generaba alrededor de 3.300 millones de dólares anuales; en 2025 los ingresos apenas alcanzaron los 92 millones. Esa caída refleja una pérdida estructural de atractivo, conectividad y capacidad operativa: sin vuelos, con combustible escaso y una infraestructura deteriorada, Cuba queda fuera de los circuitos turísticos internacionales, lo que afecta directamente la capacidad del Estado para sostener servicios públicos e infraestructura crítica.
El deterioro económico se extiende más allá del turismo. La escasez de jet fuel y la falta de electricidad han colapsado el transporte público, los aeropuertos y numerosos servicios esenciales. Hoteles y restaurantes operan al mínimo; la producción de azúcar, históricamente central en la economía cubana, está en su nivel más bajo en más de un siglo; y las remesas, vitales para la alimentación y la agricultura, se han reducido por el endurecimiento de las restricciones estadounidenses. Lo que comenzó como un problema energético se ha convertido en un colapso sistémico que afecta la producción, los ingresos, la movilidad y la vida cotidiana.
En ese contexto, el vínculo histórico con Venezuela recupera relevancia. Durante años Caracas suministró petróleo y derivados que alimentaban la electricidad y el transporte en Cuba. Esa relación persiste, pero se ha vuelto menos confiable por las dificultades internas venezolanas y la presión de Washington para bloquear envíos. Cuba ya no puede contar con un socio energético estable y debe competir en un mercado internacional condicionado por sanciones, riesgos financieros y amenazas de represalias.
La política estadounidense ha elevado la presión a niveles poco vistos recientemente. La administración Trump reforzó sanciones extraterritoriales destinadas a disuadir a proveedores potenciales, y sostuvo una narrativa que presenta al régimen cubano como una amenaza que justificaría medidas excepcionales. La amenaza de sanciones y castigos económicos condiciona incluso a países aliados, generando un aislamiento energético que multiplica la presión interna y reduce los márgenes de maniobra de La Habana.
A pesar del deterioro económico y del impacto social de los apagones, el gobierno cubano mantiene prácticas de represión sistemática. Activistas, periodistas independientes y creadores de contenido han sido detenidos u hostigados, mientras organizaciones opositoras como las Damas de Blanco o la Unión Patriótica de Cuba operan bajo vigilancia permanente. Al mismo tiempo, grupos del exilio organizados en plataformas como la Asamblea de Resistencia Cubana han ganado peso en la política estadounidense y buscan usar la crisis como palanca para impulsar cambios políticos.
El alcance geopolítico de la crisis supera la isla. Estados Unidos ha reforzado su influencia en el Caribe, mostrando que la presión energética puede funcionar como un instrumento de poder hemisférico. Rusia, aliado histórico de Cuba, enfrenta limitaciones prácticas: redujo el envío de turistas y evacuó personal diplomático, y sus propias restricciones económicas limitan la asistencia sostenida. Otros actores regionales, como México, han adoptado posturas cautas para evitar represalias, reduciendo envíos de combustible. El resultado es un aislamiento creciente con pocos aliados dispuestos o capaces de sostener a Cuba materialmente.
Esto plantea un dilema central: ¿cómo pensar una transición en Cuba cuando el régimen controla gran parte de las instituciones, las fuerzas armadas y los canales de información? La experiencia venezolana ofrece una referencia, aunque imperfecta: años de crisis y presión internacional no produjeron un cambio político rápido en buena medida porque el régimen preservó el control del aparato estatal y negoció su supervivencia. En Cuba esa lógica resulta aún más rígida: el sistema se ha consolidado durante más de seis décadas, con una cohesión institucional mayor y menos fisuras visibles.
La comparación también muestra los límites de la presión externa y de la diáspora. En ambos casos la oposición en el exilio puede influir en la agenda internacional y en la política estadounidense, pero no basta por sí sola para provocar una transformación interna sin rupturas dentro del propio régimen. Cuba, además, posee amplia experiencia en gestionar el aislamiento y en construir una narrativa de resistencia que legitima la represión y ayuda a prolongar el statu quo pese al deterioro económico.
En ese sentido, Cuba funciona hoy como un laboratorio de geopolítica regional. La isla ilustra cómo un Estado pequeño, dependiente de recursos externos y sometido a sanciones, puede convertirse en un punto de fricción donde confluyen intereses energéticos, estratégicos y políticos. Para Washington, la presión sobre Cuba busca debilitar al régimen y enviar una señal sobre los costos de desafiar su influencia en el hemisferio. Para La Habana, la crisis muestra una vulnerabilidad estructural que limita severamente su capacidad de adaptación.
El interrogante final permanece abierto: ¿puede Cuba sostener este nivel de presión sin reformar su modelo económico y político? ¿Hasta qué punto podrá mantener el control estatal mientras la población enfrenta apagones, escasez y caída de ingresos? La historia reciente de América Latina indica que los regímenes autoritarios consolidados pueden resistir durante años, pero que la combinación de aislamiento, desgaste económico y presión social tiende a producir cambios graduales, fragmentados y costosos. En la situación actual, cada decisión tomada en Washington, La Habana y en las capitales aliadas tendrá consecuencias que se sentirán en la región durante años.
