Un funcionario advirtió sobre las “consecuencias ocultas” de una inflación gradual, que considera tan perjudicial o más que episodios inflacionarios anteriores porque coincide con uno de los ajustes económicos más profundos de la historia. Según su análisis, ese proceso erosiona el poder adquisitivo y restringe la movilidad: cada vez menos personas pueden circular libremente, lo que se evidencia en la menor afluencia de usuarias y usuarios tanto en autopistas urbanas como en el transporte público, incluso en horas pico. Para quienes necesitan trasladarse a diario por trabajo o para buscar empleo, un nuevo aumento tarifario agravaría la situación.
En el ámbito local se informó además sobre obras de bacheo en Monte Grande, una intervención orientada a mejorar el estado de las calles y la circulación. El funcionario destacó que las medidas de mantenimiento urbano son necesarias, pero insuficientes frente al impacto de los incrementos generalizados en el costo de vida.
El funcionario puso el foco en los aumentos que se vienen registrando en distintos sectores desde comienzos de año. Según su exposición, la población enfrenta “una nueva arremetida contra el bolsillo”: un incremento cercano al 10% en la canasta básica que, en su opinión, dañará aún más la calidad de vida de los vecinos y tendrá efectos directos sobre las economías locales. Esos aumentos afectan precios de bienes y servicios y, por ende, la capacidad de las familias para sostener gastos habituales, incluyendo transporte y desplazamientos diarios.
Para ilustrar el impacto del ajuste sobre la movilidad, presentó un cálculo sobre los accesos hacia la Ciudad de Buenos Aires. Indicó que cualquier vecino de Esteban Echeverría que deba trasladarse diariamente en la autopista 25 de Mayo afrontaría un costo de 10.807,86 pesos por día; si se consideran 20 días hábiles al mes, ese gasto ascendería a 216.156,20 pesos mensuales. Con esos números, planteó la pregunta sobre qué canasta familiar podría sostener ese nivel de gasto en transporte.
Finalmente, pidió a las y los legisladores porteños que rechacen el aumento tarifario, al considerarlo injustificado frente a la crisis que atraviesa la población. También señaló que la empresa AUSA, en colaboración con el Gobierno de la ciudad, estaría ampliando sus ganancias en este contexto. Estas declaraciones resumen la preocupación central: que los ajustes tarifarios y la inflación erosiva limitan el acceso al empleo y a la movilidad cotidiana, y que requieren respuestas políticas para aliviar el efecto sobre los hogares y las economías locales.
