Desde la medianoche, el transporte público está interrumpido tras la confirmación del paro nacional por parte de Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad). La medida, que afectará trenes, colectivos y otros servicios en todo el país, responde a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y acompaña la convocatoria de la CGT. Los dirigentes mantienen la huelga pese a la advertencia oficial sobre la posible pérdida de la personería gremial.
La jornada previa estuvo marcada por una escalada entre el Ejecutivo y los sindicatos. Desde Casa Rosada se cursó una intimación formal a la UTA y a La Fraternidad para que se abstengan de tomar medidas que impliquen la suspensión del servicio.
El documento oficial advirtió que el incumplimiento podría derivar en la pérdida de la personería gremial, un mecanismo clave para la representación y el funcionamiento legal de las entidades sindicales.
Fernández y Maturano ratificaron su adhesión al paro y señalaron que “es un paro decretado por la CGT y estamos protegidos legalmente”. Aclararon además que los conflictos salariales que motivaron la conciliación obligatoria son distintos a la medida convocada por la central obrera, que rechaza la reforma laboral.
La amenaza de sanciones del Gobierno resulta inusual en la reciente historia sindical, ya que anteriormente muchos conflictos se resolvían por diálogo o negociación. En esta oportunidad, la presión oficial no impidió la decisión de los gremios, confirmada a última hora por ambos líderes.
La protesta se inscribe en un escenario sindical convulsionado. La CGT oficializó el paro general en rechazo a la reforma laboral y a la política económica, vinculando además el cierre de la planta de neumáticos FATE con lo que describió como el fracaso del plan económico. La adhesión de UTA y La Fraternidad fue leída como apoyo estratégico al plan de lucha de la central.
La suspensión de trenes y colectivos tendrá un impacto directo en millones de usuarios: fuentes del sector estiman que más de 9 millones de personas usan a diario esos servicios en el Área Metropolitana y las principales ciudades del interior. El cese de actividades será por 24 horas y, según los gremios, no habrá servicios mínimos ni guardias.
La reacción oficial fue inmediata: funcionarios advirtieron que no se aceptará “extorsión” mediante medidas de fuerza ilegítimas y recordaron que la personería gremial no es un derecho absoluto sino una potestad del Estado. La Secretaría de Trabajo sostuvo que la intimación tiene fundamento legal y evaluará las acciones a seguir tras la jornada de protesta.
El conflicto suma un nuevo capítulo en un contexto de alta conflictividad laboral. La CGT mantiene la posibilidad de nuevas convocatorias si no se revisa el proyecto de reforma. UTA y La Fraternidad anticiparon que no cederán ante presiones y exigieron que cualquier negociación respete la representatividad sindical y las condiciones laborales vigentes.
