Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que ejerza presión diplomática sobre las autoridades de Irán para detener los juicios y las ejecuciones contra al menos 30 personas, incluidos menores, acusadas de participar en las protestas de enero de 2026.
Según la organización, entre los condenados hay ocho personas que recibieron la pena de muerte semanas después de su detención en procesos que carecieron de garantías judiciales y se basaron en confesiones obtenidas bajo coacción.
Uno de los sentenciados es Saleh Mohammadi, de 18 años, detenido el 15 de enero de 2026 por su presunta implicación en la muerte de un agente de seguridad durante las protestas en Qom el 8 de enero.
Amnistía revisó la sentencia y constató que Mohammadi se retractó en audiencia de sus declaraciones, alegando que fueron obtenidas mediante tortura.
A pesar de la retractación, el tribunal no investigó las acusaciones de tortura y confirmó la condena. En la lista también figura Mohammad Amin Biglari, de 19 años, junto a otros seis jóvenes condenados por “enemistad contra Dios” tras ser acusados de incendiar una base de la fuerza paramilitar Basij.
Las sentencias se dictaron aproximadamente un mes después de las detenciones. Fuentes indican que Biglari estuvo desaparecido durante semanas, fue trasladado a la prisión de Ghezel Hesar y no contó con defensa efectiva durante la investigación.
Posteriormente se le asignó un abogado de oficio que no protegió sus intereses y la familia no pudo contratar un abogado independiente para recurrir la sentencia.
También destacan casos por la celeridad de los juicios y la edad de los acusados: Ehsan Hosseinipour Hesarloo, de 18 años, y los menores Matin Mohammadi y Erfan Amiri, ambos de 17, están imputados por su supuesta participación en un incendio en una mezquita de Pakdasht que causó la muerte de dos miembros de la Basij.
Amnistía recopiló testimonios que indican que los adolescentes fueron detenidos antes del suceso y sometidos a agresiones físicas para forzar confesiones.
El juez no reconoció a los abogados designados por la familia de Hosseinipour Hesarloo, los amenazó y nombró un defensor de oficio que tampoco garantizó una defensa efectiva.
Los dos menores de 17 años continúan en un centro de detención juvenil y están siendo procesados pese a la prohibición internacional de aplicar la pena capital a quienes eran menores de 18 años en el momento del presunto delito.
Amnistía advirtió que el número de personas en riesgo de ejecución podría ser mayor, ya que las autoridades intimidan a las familias para evitar que informen sobre la situación de los detenidos.
Los procesos descritos se caracterizan por la incomunicación, la tortura y las desapariciones forzadas para obtener confesiones, así como por la negativa a reconocer a los abogados independientes designados por los familiares.
(Con información de Europa Press y Amnistía Internacional)
