Tras el anuncio de un paro por parte de los gremios docentes de la CGT para el lunes 2 de marzo, el Gobierno convocó a una nueva reunión para retomar las negociaciones salariales, luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenara la suspensión del Decreto 341/25.
En un comunicado del Ministerio de Capital Humano se confirmó la citación a la Comisión Negociadora del Convenio Marco para ese mismo día: “En virtud de la medida cautelar, se ha convocado a las partes para el próximo lunes 2 de marzo a las 12 horas”, indicaron.
A pesar de acatar la resolución judicial, las autoridades ratificaron su postura sobre el contenido del decreto 341/25, que proponía transferir a cada provincia la responsabilidad de las negociaciones paritarias del sector educativo.
Desde la Secretaría de Educación y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social señalaron que la medida buscaba “otorgar mayor libertad a las provincias —verdaderas empleadoras de los docentes— y a los gremios para que, a través del Consejo Federal de Educación (CFE), fueran protagonistas de la negociación colectiva, sin la intermediación de la Administración Central”. Ambas dependencias están integradas en el ministerio conducido por Sandra Petovello.
En las horas previas, los sindicatos docentes nucleados en la CGT confirmaron la huelga nacional prevista para el lunes, en reacción al estancamiento de las negociaciones salariales y en el contexto de lo que describen como el mayor ajuste presupuestario en educación de las últimas décadas. La fecha coincide con el inicio de clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
La medida fue resuelta en un congreso extraordinario de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), presidido por Sonia Alesso, y luego fue respaldada por sindicatos de la CGT, entre ellos la Unión Docentes Argentinos (UDA), liderada por Sergio Romero —también secretario de Políticas Educativas de la central—, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), a cargo de Fabián Felman.
Además de CTERA y la CGT, se sumará el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, lo que refuerza el alcance nacional e interprovincial de la medida.
Según fuentes oficiales citadas por Infobae, la huelga responde a la denuncia sindical por el retiro del Estado nacional de compromisos en materia de financiamiento educativo y la derogación de normas que aseguraban inversión en el sector. Los gremios advierten que ello pone en riesgo la igualdad y el futuro de cientos de miles de estudiantes.
Romero afirmó que “los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”. Felman agregó que la suspensión de clases busca defender derechos laborales y salariales: “Se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales, por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país”.
El congreso extraordinario de CTERA exigió, además de un aumento salarial, una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un incremento urgente del presupuesto escolar. También reclamaron condiciones de trabajo dignas, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para la enseñanza y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.
Reclamaron inversión en el sistema educativo y en la Educación Técnico Profesional, y advirtieron que la falta de presupuesto tiene un impacto negativo significativo en la calidad educativa, la desigualdad y el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas.
En paralelo, rechazaron el proyecto denominado “Libertad Educativa” impulsado por el gobierno de Javier Milei, al considerar que podría “detonar el sistema educativo argentino”. También se opusieron a la ley de modernización laboral por entender que la declaración de esencialidad implicaría una restricción de derechos para los trabajadores.
Respecto a la provincia de Buenos Aires, los sindicatos mantienen abiertos los canales de diálogo con el gobernador Axel Kicillof, aunque consideran que el proceso paritario está estancado. En los últimos días rechazaron una oferta salarial del 3% y la negociación quedó en cuarto intermedio.
Los gremios bonaerenses estiman que la medida afectará a cerca de un millón de chicos que no podrán iniciar las clases en la jurisdicción más poblada del país, lo que pone de relieve el impacto social inmediato del paro y sitúa la discusión paritaria en el centro del debate público.
