El régimen iraní ejecutó este jueves a tres hombres detenidos durante las protestas de enero de 2026, en los primeros ahorcamientos oficialmente vinculados por las autoridades a esas manifestaciones. Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeed Davoudi fueron colgados al amanecer en la prisión central de Qom, al sur de Teherán, tras ser sentenciados por moharebeh —enemistad contra Dios—, el delito capital establecido por la sharia iraní, informó la agencia judicial Mizan.
El caso más mediático fue el de Mohammadi, de 19 años y miembro del equipo nacional de lucha libre con participación en competiciones internacionales, condenado por su presunta implicación en la muerte de un agente de policía durante los disturbios del 8 de enero en Qom. La organización Iran Human Rights (IHR) afirma que la condena se basó en una confesión obtenida bajo tortura y que la defensa pública no logró que el tribunal admitiera pruebas exculpatorias, incluidas imágenes de videovigilancia que, según sus allegados, no lo ubicaban en la escena.
Amnistía Internacional denunció que a Mohammadi se le negó una defensa adecuada y que fue obligado a confesar en procedimientos extremadamente rápidos, que no se asemejaron a un juicio justo. El monitor jurídico Dadban añadió que los tres condenados no tuvieron acceso efectivo a abogados independientes y que, dadas esas condiciones, la imposición de la pena capital equivale a una ejecución extrajudicial. Según la versión oficial, Davoudi fue acusado de matar a dos policías con armas blancas y Ghasemi de realizar acciones operativas en favor de Israel e incitar a la violencia para desestabilizar el país.
Las ejecuciones se produjeron un día después de que las autoridades ahorcaran a Kouroush Keyvani, ciudadano con doble nacionalidad iraní-sueca, condenado por espionaje a favor de Israel; IHR lo señaló como el tercer ejecutado en 2026 por ese motivo. La ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, sostuvo que el proceso legal no fue jurídicamente sólido y la Unión Europea también condenó la ejecución.
Las protestas comenzaron a fines de diciembre de 2025 con movilizaciones de comerciantes contra el aumento del costo de vida y se extendieron a más de cien ciudades, convirtiéndose en las mayores desde la Revolución de 1979. Las jornadas más violentas fueron el 8 y 9 de enero. El régimen informó de más de 3.000 muertos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y atribuyó la violencia a grupos terroristas financiados desde el exterior. La agencia estadounidense HRANA documentó más de 7.000 fallecidos, en su mayoría manifestantes, y advirtió que la cifra real podría ser mayor.
IHR calcula que centenares de detenidos enfrentan cargos que podrían acarrear la pena de muerte. El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, advirtió que no habrá clemencia para quienes resulten condenados por actos violentos.
La organización expresó su temor de que la guerra en curso —que, según el texto, se inició el 28 de febrero con ataques que causaron la muerte del líder supremo Alí Khamenei— sirva de cobertura para acelerar las ejecuciones. IHR señaló que estas medidas buscan intimidar a la población, dado que, en su opinión, la principal amenaza para la supervivencia del régimen proviene del propio pueblo iraní.
Irán es, tras China, el segundo país del mundo en número de ejecuciones; el año anterior registró al menos 1.500 ahorcamientos, según IHR. La ejecución de Mohammadi recordó el caso de Navid Afkari, ahorcado en 2020 pese a una campaña internacional para evitar su muerte. Fuentes críticas señalan que la respuesta del régimen ante la presión exterior se mantiene en la misma lógica: incrementar las ejecuciones para intentar aplacar la disidencia.
