El Gobierno del Reino Unido autorizó a sus Fuerzas Armadas a abordar buques de la llamada “flota fantasma” rusa que transiten por aguas británicas, como medida para aumentar la presión sobre el presidente Vladimir Putin en el contexto de la guerra en Ucrania.
El Kremlin utiliza esa flota para eludir sanciones internacionales.
El primer ministro Keir Starmer afirmó que Putin se beneficia de los precios elevados del petróleo provocados por conflictos como el de Oriente Medio, y que por ello el Reino Unido intensifica la persecución de la flota clandestina no solo para proteger al país, sino también para privar a la maquinaria bélica rusa de ingresos ilícitos que financian la campaña en Ucrania.
La autorización permite a las Fuerzas Armadas británicas interceptar embarcaciones sancionadas por el Reino Unido cuando naveguen por aguas del país.
La decisión se produce después de la cooperación de la Marina Real con aliados en labores de vigilancia y seguimiento de buques de la “flota fantasma”, con el objetivo de facilitar su interceptación en aguas europeas y del Mediterráneo.
Reino Unido y sus socios impusieron sanciones a 544 buques vinculados a la flota clandestina del Kremlin, que se calcula transportan alrededor del 75 % del crudo ruso.
Cada embarcación será evaluada de forma individual por especialistas de las fuerzas del orden, el Ejército y el sector energético antes de que se recomiende una acción a los ministros y se lleve a cabo una intervención.
Tras la detención de un buque, podrán iniciarse procedimientos penales contra propietarios, operadores y tripulación por presuntas violaciones de la legislación británica sobre sanciones.
Downing Street abogó por una mayor coordinación en la incautación de buques de la flota fantasma, y subrayó su compromiso con la región y la disuasión frente a actividades hostiles de Rusia. El Reino Unido adopta así una política similar a la de otros miembros de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), como Finlandia, Suecia y Estonia, que ya han llevado a cabo operaciones contra buques sospechosos de pertenecer a esta flota.
El domingo 15 de marzo, un tribunal sueco ordenó la detención formal del capitán del petrolero Sea Owl, un ciudadano ruso acusado de falsedad documental agravada, tres días después de que la Guardia Fronteriza abordara la embarcación frente a las costas de Trelleborg.
Con esta medida, Suecia se convirtió en el país con mayor ritmo de interceptaciones de la denominada flota fantasma rusa en lo que va de marzo: en dos semanas se detuvo a dos capitanes y se retuvieron otros dos buques, todos acusados de navegar con pabellones falsos.
El servicio de prensa de la Fiscalía sueca informó que el tribunal aceptó la solicitud de detención presentada por el ministerio público. El detenido, cuya identidad no fue revelada, es sospechoso de uso agravado de documento falso, delito que en Suecia puede ser castigado con hasta cuatro años de prisión.
El Sea Owl, un petrolero de 228 metros con bandera de las Islas Comoras, fue interceptado en una operación conjunta de la Guardia Fronteriza y la Policía. Las autoridades concluyeron que navegaba con bandera falsa, lo que en derecho marítimo internacional implica la ausencia de protección estatal, y que lo hacía sin carga aparente con rumbo al puerto ruso de Primorsk, uno de los principales terminales de exportación de crudo del Báltico.
La UE contra la flota de Putin y el financiamiento de la guerra en Ucrania
La Unión Europea sancionó en diciembre pasado a empresarios vinculados a Rosneft y Lukoil por su implicación en la flota fantasma.
Las autoridades europeas indicaron que la medida buscaba debilitar la estructura financiera del sector petrolero ruso, considerado clave para la financiación de las operaciones militares ordenadas por Putin desde el inicio de la invasión a Ucrania.
Entre los sancionados figuran empresas navieras con sede fuera de Rusia, incluidas en países como los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam, identificadas por gestionar embarcaciones utilizadas para transportar petróleo ruso.
Los Estados miembros de la Unión Europea señalaron que las empresas y personas sancionadas no solo facilitaron el traslado de recursos ocultando su origen, sino que también participaron en prácticas consideradas de alto riesgo durante las operaciones marítimas.
Las sanciones incluyeron la congelación de activos en Europa para las personas y entidades señaladas, así como la prohibición de viajar por el viejo continente. La medida forma parte del esfuerzo de la Unión Europea por cortar fuentes de ingresos cruciales para Moscú y restringir la participación de actores internacionales en la cadena de valor del sector petrolero ruso.
(Con información de Europa Press)
