Irán enfrenta una casi total desconexión de internet que se ha prolongado por siete semanas; el Gobierno justifica la medida por motivos de seguridad nacional, mientras activistas y actores económicos sostienen que la restricción vulnera derechos y agrava la crisis económica.
Desde el inicio del apagón, la población —más de 90 millones de habitantes— solo tiene acceso a una red nacional limitada y sometida a vigilancia estricta, según organizaciones de derechos digitales. El Ejecutivo aplicó esta medida tras la guerra de 12 días del año pasado con Estados Unidos e Israel, y se trata del tercer corte masivo registrado en el país desde ese conflicto.
El diario financiero Donya-e-Eqtesad estima que el bloqueo ha causado pérdidas cercanas a 1.300 millones de dólares para la economía iraní. Khabar Online citó a Hamidreza Ahmadi, de la Asociación de Comercio Electrónico de Irán, quien advirtió que hasta 10 millones de personas podrían ver afectados sus medios de vida por la falta de conectividad.
El apagón ha perjudicado gravemente a pequeñas empresas, al comercio electrónico y a la actividad académica. Activistas por los derechos digitales señalan que, mientras la mayoría queda desconectada del resto del mundo, una minoría —funcionarios y aliados del régimen— mantiene acceso mediante mecanismos de “whitelisting”, lo que permite que ciertos sectores sigan operando.
El grupo de vigilancia NetBlocks denunció que, tras 45 días de restricciones, “figuras del régimen y personas incluidas en la lista blanca publican libremente en redes sociales mientras silencian a una población de 90 millones a la que dicen servir”. Críticos sostienen que la conectividad favorece a quienes tienen vínculos políticos o pueden costear servicios alternativos.
Algunos iraníes han conseguido conectarse mediante redes privadas virtuales (VPN), pero a precios elevados. Usuarios en redes sociales han pedido la restauración del acceso abierto; el empresario Pedram Soltani exigió públicamente: “¡Restauren el internet! Ahora mismo. Las pequeñas empresas están colapsando”.
Mohammad Hafez Hakami, asesor del Ministerio de Comunicaciones, afirmó en un video que la reconexión será progresiva y defendió el apagón como parte de un “fenómeno muy complejo y relacionado con la seguridad”. Sin embargo, el anuncio de un nuevo servicio internacional llamado “Internet Pro”, disponible solo para quienes reciban aprobación estatal, desató burlas e indignación en medios como el periódico reformista Shargh.
La socióloga Javadi Yeganeh, de la Universidad de Teherán, calificó las restricciones de “discriminatorias y humillantes”, y señaló que mientras la mayoría está excluida, una parte de la sociedad tiene acceso libre, incluso en ámbitos que, por seguridad, deberían ser más restringidos.
Activistas de derechos humanos y expertos económicos advierten que la crisis en Irán —amplificada por la mala gestión, la corrupción, las sanciones internacionales y la devaluación de la moneda— se complica aún más con el aislamiento digital forzado.
