Tras una medida cautelar de la Justicia federal de Campana que ordenó suspender la eliminación del subsidio del plan social Volver al Trabajo (VAT), el Ministerio de Capital Humano —que apelará la resolución— advirtió que acatar la medida obligará al Gobierno a mantener los pagos y posponer el redireccionamiento de recursos previsto.
La ministra Sandra Pettovello informó que el Gobierno había dado por finalizado ese programa, que entregaba $78.000 mensuales a alrededor de 900.000 personas, para reasignar esos fondos a la doble escolaridad en escuelas vulnerables y a la capacitación laboral. Con el fallo del juez Adrián González Charvay, esas iniciativas deberán suspenderse temporalmente.
Según la ministra, la decisión judicial tiene importantes implicancias presupuestarias y administrativas, y como consecuencia será imposible implementar dos políticas que consideraban prioritarias: los vouchers de formación laboral y la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país.
El Ministerio explicó que el VAT había concluido por cumplirse el plazo de vigencia de dos años establecido desde su creación. Ante ello, se lanzó una convocatoria masiva a quienes fueron beneficiarios para ofrecerles vouchers de capacitación laboral destinados a facilitar su formación profesional y su inserción en el empleo registrado.
El magistrado, en tanto, ordenó al Estado mantener los pagos a los beneficiarios del plan dentro de los tres días de notificada la resolución y hasta que haya una sentencia definitiva, bajo apercibimiento de aplicar multas (astreintes) por cada día de incumplimiento, y exigió que se acreditara en autos el cumplimiento de la medida.
Cambios en los planes sociales
En abril de 2024, el Gobierno presentó los lineamientos de Volver al Trabajo, que reemplazaron a Potenciar Trabajo y al Programa de Acompañamiento Social con el objetivo, entre otros, de reducir la intermediación de movimientos sociales y municipios en la entrega de asistencia.
Tras la reconversión de Potenciar Trabajo, los beneficiarios quedaron divididos en dos grupos: unos 900.000 en el programa VAT y cerca de 300.000 en un esquema de asistencia más permanente, dirigido a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos, por el momento, no estuvieron alcanzados por la baja.
El VAT se orientó a personas de 18 a 49 años con el objetivo de fortalecer habilidades laborales y mejorar la empleabilidad para su incorporación al mercado de trabajo formal. De acuerdo con el informe No 143 de la Jefatura de Gabinete al Congreso, hasta junio de 2025 el programa había logrado la inserción laboral de 1.500 personas (0,17% del total) y 55.000 beneficiarios (6,1%) habían realizado actividades de formación profesional.
El nuevo sistema también impone condiciones más exigentes: los beneficiarios deben cumplir asistencia y permanencia en los cursos, y quienes abandonen perderán el beneficio y no podrán volver a acceder.
