Péter Magyar juró este sábado como nuevo primer ministro de Hungría, poniendo fin a la prolongada etapa de Viktor Orbán. En su discurso inaugural ante el Parlamento en Budapest, el líder conservador anunció su intención de desmantelar el régimen iliberal vigente durante los últimos dieciséis años y situar la lucha contra la corrupción en el centro de su gestión.
La investidura tuvo lugar el Día de Europa, un contexto con carga simbólica en el que la Cámara volvió a izar la bandera de la Unión Europea, retirada durante el Gobierno de Orbán. En la sesión estuvieron presentes 199 diputados; 140 votaron a favor de Magyar y 54 en contra. Desde su primera intervención, el primer ministro transmitió un mensaje de cambio: “Los húngaros expresaron que quieren cambios, no solo un cambio de Gobierno, sino de sistema”.
Las elecciones del 12 de abril otorgaron a Tisza, el partido de Magyar, una mayoría absoluta de más de dos tercios en el Parlamento. Esa ventaja parlamentaria permitirá al nuevo Ejecutivo impulsar reformas incluso de carácter constitucional, con el objetivo de desmontar el sistema instaurado por Orbán y normalizar las relaciones con la Unión Europea.
Magyar anunció la creación de la Oficina de Recuperación y Defensa del Patrimonio Nacional, cuyo propósito será investigar cómo activos y recursos públicos pasaron a manos privadas en años anteriores. “Los húngaros tienen derecho a saber cómo el patrimonio público se convirtió en riqueza privada”, afirmó el primer ministro. La oficina tendrá la misión de recuperar fondos presuntamente desviados hacia oligarcas cercanos al anterior Gobierno.
La transición también supone la salida de figuras históricas del oficialismo. Orbán y varios dirigentes de Fidesz devolvieron su mandato al partido y no ocuparán escaños en la nueva legislatura. Durante la sesión, Magyar pidió a altos cargos nombrados por el Ejecutivo saliente, incluido el presidente Tamás Sulyok, que presenten su renuncia antes de que termine mayo como parte de una renovación institucional.
La investidura culminó con un acto en la plaza Kossuth, frente al Parlamento, donde miles de simpatizantes asistieron a lo que se denominó la “Fiesta popular de cambio de régimen” hasta la medianoche, reflejando el respaldo popular al nuevo ciclo político.
En los días siguientes, los ministros designados por Magyar comparecerán ante las comisiones parlamentarias. Se espera que el nuevo Gobierno, integrado por 16 miembros —cuatro de ellos mujeres—, quede formalmente constituido a partir del martes.
El primer ministro subrayó la urgencia de reformar el Estado, restaurar la separación de poderes y recuperar la confianza en las instituciones públicas. Entre las prioridades figuró la normalización de las relaciones con la Unión Europea, deterioradas durante los mandatos de Orbán. La nueva ministra de Exteriores, Anita Orbán (sin parentesco con el expresidente), tendrá como tarea prioritaria la reparación de esos vínculos diplomáticos.
Magyar insistió en que “no hay tiempo que perder” para aplicar cambios profundos en el sistema institucional y exhortó a quienes ocupan cargos relevantes en la justicia y en los entes reguladores a dimitir si piensan obstaculizar la agenda de reformas. “Váyanse, no esperen a que los echemos. Porque los vamos a echar. Porque este sistema se ha acabado”, advirtió.
Retos inmediatos para el gobierno de Magyar
Uno de los desafíos principales será obtener el acceso a los 17.000 millones de euros de fondos europeos congelados por la Comisión Europea. Esos recursos fueron bloqueados por incumplimientos relacionados con el Estado de derecho, la falta de avances en anticorrupción y la protección de los intereses financieros de la UE. Desde su triunfo electoral, Magyar ha iniciado contactos con líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para tratar de desbloquear al menos parte de esas partidas.
El modelo de gobierno definido por Orbán como “iliberal” se caracterizó por la centralización del poder y el control sobre ramas clave del Estado, como la justicia, los medios y la educación. Durante su mandato, las principales instituciones quedaron bajo la influencia del oficialismo. Magyar afirmó que, gracias a la mayoría de dos tercios de Tisza, el Parlamento podrá sustituir a quienes intenten frenar el proceso de reformas.
Informes recientes de Transparencia Internacional sitúan a Hungría como el país con mayores problemas de corrupción en la Unión Europea en los últimos años. El nuevo primer ministro se comprometió a integrar al país en la Fiscalía Europea Anticorrupción y a activar una oficina encargada de recuperar el patrimonio supuestamente apropiado por oligarcas vinculados al Gobierno anterior. El ministro de Gobernación, Bálint Ruff, será responsable de esta entidad, que investigará desvíos estimados en al menos 55.000 millones de euros.
Magyar anunció su compromiso con la restauración de la democracia liberal, incluida la protección de las libertades civiles, el Estado de derecho, la libertad de prensa, el pluralismo político y los derechos de la comunidad LGBTI, que sufrieron retrocesos y criminalización durante la administración anterior. El futuro ministro de Cultura, Zoltán Tarr, dijo que se promoverá la transparencia y la libertad cultural en colaboración con organizaciones civiles. Actualmente, Hungría ocupa el puesto 68 en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, uno de los más bajos de la UE.
La viabilidad de las reformas dependerá en gran medida de la situación fiscal. Magyar denunció que el Ejecutivo saliente “vació” las arcas públicas y adelantó que serán necesarias medidas de saneamiento. El margen financiero podría ampliarse corrigiendo contratos públicos y eliminando sobrecostes estimados en torno al 2,5% del PIB. También se contempla reducir el gasto en propaganda estatal y estudiar un impuesto sobre grandes fortunas por encima de 2,8 millones de euros. Analistas señalan que estabilizar los mercados será prioritario para reactivar la economía.
La asunción de Péter Magyar como primer ministro inaugura una etapa en la que Hungría intentará reconstruir la confianza institucional, restablecer el Estado de derecho y redefinir su relación con la Unión Europea.
