Desde la mañana se acercaron al Parque Yrigoyen, en el límite entre San Martín y la Ciudad de Buenos Aires, diversos sectores con un objetivo común: propietarios de pequeñas fábricas, delegados gremiales, estudiantes y docentes de la UNSAM, referentes del peronismo local y técnicos del INTI. La convocatoria fue clara: «25.000 Pymes fundidas, digamos basta». Nadie esperaba que la jornada terminara con una nube de gas sobre la avenida y decenas de personas tosiendo en la vereda.
El acto fue breve. El intendente Fernando Moreira habló sin eufemismos y calificó la situación como un “industricidio” atribuido a decisiones desde la Casa Rosada: desfinanciamiento de la producción nacional, apertura indiscriminada de importaciones y ajustes que vacían municipios y dejan a los trabajadores sin fábrica a la que volver. A su lado, el ministro bonaerense de Infraestructura, Gabriel Katopodis, coincidió con ese diagnóstico: «Milei desde el primer día se declaró enemigo de la industria nacional».
Luego el evento se trasladó hacia la Avenida General Paz, donde dirigentes, militantes, gremios, estudiantes y vecinos colocaron una bandera en un puente en alusión a las 25.000 pymes quebradas. Hasta ese momento todo transcurrió con normalidad: fotos, cánticos y la liturgia habitual de un acto político. Fue así hasta que la situación cambió.
La jornada dio un giro inesperado.
Cuando las fotos estaban terminando, la policía de la Ciudad intervino. Según testimonios, sin provocación por parte de los manifestantes, las fuerzas comenzaron a dispersar con gases lacrimógenos. La movilización era pacífica: lo que sucedía era, esencialmente, colgar una bandera con una consigna.
El efecto fue inmediato: humo, corridas, golpes y personas con los ojos irritados. Varios asistentes resultaron heridos. Las imágenes registraron gente corriendo entre los gases mientras otros intentaban cubrirse el rostro con lo que tenían a mano. Consultado por este medio, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, dijo que le cuesta entender lo ocurrido; describió el encuentro como absolutamente pacífico —con empresarios pyme, el rector de la universidad y dirigentes— y calificó la represión de “absurda e innecesaria”, una respuesta sin sentido que, según él, forma parte de políticas que dañan tanto al tejido social como al económico y reprimen a quienes protestan pacíficamente.
Katopodis y otros dirigentes, como Aguiar de ATE y el jefe de gabinete de San Martín, Andrés Alonso, intervinieron y se interpusieron entre la policía y los manifestantes en una secuencia que duró varios minutos. Esa acción logró detener el avance de las fuerzas y abrir un corredor que separó a los uniformados de la gente. De a poco la policía se fue replegando hacia el lado de la Ciudad de Buenos Aires. Consultado por La Noticia Web, el jefe de gabinete Andrés Alonso sostuvo que la represión forma parte del “modelo” y afirmó que existe una continuidad en las prácticas represivas que, en su opinión, fueron promovidas por Patricia Bullrich y ahora son implementadas por el Gobierno de la Ciudad.
El saldo fue una represión inesperada que nadie había convocado y una imagen que, paradójicamente, terminó reforzando el argumento central del acto: quienes reclaman por las pérdidas no tendrán un camino fácil para ser escuchados.
La jornada en San Martín también tuvo el carácter de un anticipo de lo que podría venir. Con la industria en retroceso y la bronca acumulada en los distritos del conurbano, sectores del peronismo bonaerense ensayan una síntesis que reúna a empresarios, trabajadores, universidades y sindicatos. Si esa coalición logra sostenerse más allá de los actos, podría transformarse en algo más que una foto. Por ahora quedó la imagen de Katopodis corriendo entre el humo.
