El Gobierno nacional implementó modificaciones en el régimen de contrataciones públicas y en el esquema de autorizaciones de gasto con el objetivo de agilizar los trámites y optimizar la gestión de los recursos del Estado.
La medida fue publicada este viernes mediante el Decreto 427/2026 en el Boletín Oficial y altera las escalas de competencia para la aprobación de licitaciones, concursos, subastas, adjudicaciones y gastos en la administración nacional.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo indicó que la norma busca “agilizar, simplificar y dotar de mayor operatividad la gestión de los procedimientos de selección” y promover un uso más eficiente de los recursos públicos.
El decreto actualiza el reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional vigente desde 2016 y redefine qué funcionarios pueden intervenir en cada etapa de los procesos de compra según el monto involucrado.
Según la nueva escala, los subsecretarios estarán autorizados para convocar procesos, aprobar pliegos y declarar desiertos procedimientos de licitación o concurso de hasta 50.000 módulos, mientras que los secretarios de la Presidencia, de la Jefatura de Gabinete y de los ministerios intervendrán cuando las contrataciones superen ese umbral.
La distribución de facultades para la aprobación final de procedimientos y adjudicaciones también se ajusta, asignando competencias a directores, subsecretarios, secretarios y ministros según la magnitud económica de cada contratación.
Además, la norma introduce cambios en el régimen de autorización de gastos previsto por la Ley de Administración Financiera, actualizando la escala de competencias para ordenar erogaciones dentro del sector público nacional.
De esta forma, los secretarios de la Jefatura de Gabinete, los secretarios ministeriales y funcionarios de nivel equivalente podrán aprobar gastos de hasta 50.000 módulos; las erogaciones que excedan ese límite requerirán la intervención de ministros, autoridades con rango ministerial, máximas autoridades de organismos descentralizados o del Jefe de Gabinete en su ámbito de competencia.
El texto oficial señala también que la modificación pretende armonizar el régimen de competencias con la estructura funcional vigente de las distintas jurisdicciones nacionales, incorporando a las autoridades que ejercen conducción superior en determinadas áreas.
La medida contó con la intervención técnica de la Oficina Nacional de Contrataciones, la Contaduría General de la Nación, la Tesorería General de la Nación y la Oficina Nacional de Presupuesto, organismos dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Economía.
