El presidente de la Republica, Jose Jeri, anuncio que pedira facultades legislativas al Congreso para impulsar, entre otros asuntos, una nueva Ley de Industrias. Para quienes recordamos su trayectoria parlamentaria, la propuesta no resulta novedosa; varios observadores, entre ellos quien suscribe, anticiparon cuando se volveria a presentar.
A finales de 2023, Jeri presento el Proyecto de Ley N. 5892/2023-CR, que proponia exoneraciones tributarias para actividades concretas, alegando experiencias comparables en Corea del Sur y Singapur, y precedentes nacionales en la agroindustria. Si el Ejecutivo intentara implementar estas medidas mediante decreto legislativo, seria un error: una politica industrial seria no selecciona sectores “a dedo”, sino que debe apoyarse en analisis tecnicos que identifiquen ventajas comparativas reales.
La literatura economica sobre politica industrial es amplia. Estudios como The Who, What, When, and How of Industrial Policy: A Text-Based Approach (2023) muestran que las politicas orientadas a un subconjunto de industrias suelen estar relacionadas con las ventajas comparativas de esas industrias. En el proyecto se mencionan, entre otros, la industria naval y los proveedores de la mineria como sectores a priorizar.
Respecto a los proveedores mineros, el Ministerio de Energia y Minas concluyo que la iniciativa no era viable. En el Informe N. 1051-2023-MINEM/OGAJ indica que las propuestas normativas contravienen el marco legal minero y resultan innecesarias, pues ya existe regulacion aplicable a las actividades extractivas y a los beneficios asociados.
En cuanto a la industria naval, no consta un analisis riguroso que justifique su priorizacion. El Banco Central de Reserva del Peru, en su Oficio N. 199-2023-BCRP, senala que las medidas de impulso sectorial requieren primero identificar las externalidades especificas de cada sector y contar con una estrategia y un analisis costo-beneficio que las respalden. El proyecto no aporta evidencia clara sobre la probabilidad de exito de las medidas propuestas.
Resulta discutible vincular el exito de la agroindustria exclusivamente a incentivos tributarios. La trayectoria del sector en el Peru se explica por una estrategia integral: apertura e integracion comercial (actualmente con 23 acuerdos comerciales), inversion en infraestructura portuaria, conectividad e irrigacion, mejoras en la facilitacion del comercio y el fortalecimiento de las autoridades sanitarias y fitosanitarias, entre otras politicas.
El proyecto tambien proponia favorecer a empresas que utilicen materias primas locales y sancionar a las que empleen insumos importados, una medida que contraviene la Constitucion y los tratados de libre comercio vigentes que garantizan el trato nacional. Esa logica remite a la industrializacion por sustitucion de importaciones de los anos sesenta, que produjo bienes mas caros y de menor calidad, beneficiando a unos pocos industriales en detrimento de los consumidores.
En un contexto fiscal dificil, la implementacion de exoneraciones tributarias plantea dudas sobre su conveniencia. La ministra de Economia, Denisse Miralles, debera afrontar politicamente una propuesta que, aunque provenga del presidente, resulta fiscalmente esquiva y carece de justificacion tecnica clara.
