El diputado Daniel Arroyo responsabilizo a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por el colapso del sistema de prestaciones y expreso su malestar por la aparente contradiccion entre denuncias de manejo irregular de fondos y la falta de accion del organismo para aplicar la Ley de Emergencia y otorgar aumentos a los acompanantes terapeuticos, mientras crece la preocupacion de las familias afectadas.
Arroyo senalo que, mientras circulaban audios que mencionaban sumas importantes y porcentajes de dinero, los acompanantes terapeuticos reclamaban un incremento salarial: pasar de 2.900 a 3.100 pesos por hora -es decir, 200 pesos mas por hora- cuyo pago, ademas, se demora hasta 180 dias (seis meses).
El legislador advirtio que la falta de implementacion de la ley y de ajustes en las prestaciones provoco consecuencias concretas: muchas personas dejaron de acceder a medicamentos, traslados, terapias y acompanamientos, y las escuelas especiales corren riesgo de cierre, lo que, segun el, configura un colapso del sistema.
Arroyo sostuvo que la Ley de Emergencia en Discapacidad no tendria un impacto fiscal significativo -estimo su peso en 0,0003 del producto bruto interno- y recordo que la normativa fue aprobada por mas del 70% de la Camara de Diputados. Aun asi, dijo, el Gobierno habria decidido no modificar su plan.
Tambien afirmo que el Ejecutivo intento remover a un juez federal que habia fallado a favor de personas con discapacidad. Segun Arroyo, ese magistrado ordeno la reincorporacion de miles de pensiones dadas de baja irregularmente; de 110.000 pensiones suspendidas, 90.000 corresponderian a personas que no recibieron notificaciones formales. El juez, anadio, habia dispuesto la puesta en marcha de la ley y estaba por declarar nulo un decreto del Poder Ejecutivo.
El diputado critico la intencion de apartar al juez y considero que esa decision refleja una actitud dura frente a personas con discapacidad. Senalo, ademas, que, a su juicio, la atencion a las personas con discapacidad es una responsabilidad estatal que deberia estar fuera de controversias politicas.
Finalmente, Arroyo afirmo que la via judicial ha sido la que hasta ahora ha protegido a las personas con discapacidad y sus familias, porque las decisiones judiciales han reconocido la razon de los reclamos ante el colapso del sistema. Concluyo que la situacion genera desesperacion y un elevado grado de sufrimiento entre las familias afectadas.
