1 de diciembre de 2025
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Jefes prefieren muertos a Maduro y su grupo criminal

En el nuevo escenario geopolítico definido por Estados Unidos, Nicolás Maduro y el denominado “cartel de los Soles” enfrentan la obligación de restituir la soberanía de Venezuela. Frente a ellos existen tres posibles desenlaces: detención, fuga o muerte; desde la perspectiva de la política cubana que los respalda, la eliminación es una de las opciones consideradas.

Los primeros veinticinco años del siglo XXI en América registran la expansión de la influencia de la dictadura cubana a través de recursos económicos y energéticos entregados por Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. Ese proceso estuvo acompañado por el debilitamiento de la democracia, la aparición de regímenes autoritarios, la consolidación de narcoestados y el uso de estrategias de guerra híbrida con discursos antimperialistas.

La política exterior estadounidense reciente ha situado a Venezuela como un punto inicial de actuación. El futuro de la organización delictiva transnacional que controla el poder —identificada por algunos como el “cartel de los Soles”— condiciona el desenlace del proceso de sustitución de la política por el crimen en las instituciones estatales.

La situación venezolana no se entiende sólo como un problema interno: supone la proyección de la influencia cubana tras la muerte de Hugo Chávez. Venezuela funciona, en esta interpretación, como un Estado ocupado por una organización de delincuencia transnacional que opera bajo la etiqueta de “socialismo del siglo XXI”, ha establecido un narcoestado, dio soporte a organizaciones armadas y terrorismo de Estado, y permitió la penetración geopolítica de actores como China, Rusia e Irán.

Si bien desde el inicio quedó en evidencia el carácter del llamado socialismo del siglo XXI como una red con intereses criminales, muchas democracias optaron por coexistir con esas estructuras, reconociendo su peso político a costa de la seguridad y la estabilidad. Esta situación cambió cuando Estados Unidos, en 2025, asumió medidas orientadas a proteger su seguridad nacional.

Nicolás Maduro y quienes usurpan la soberanía venezolana han sido formalmente identificados como responsables de actividades criminales, con procesos judiciales, órdenes de captura internacionales y recompensas económicas. Por ello son objetivos prioritarios de la aplicación de la ley destinada a revertir la presencia del crimen organizado en el poder.

Acciones como la calificación del “cartel de los Soles” como organización terrorista, la operación denominada “Lanza del Sur”, los llamados y ultimátums dirigidos a Maduro para que deje el poder y la consideración de su entorno como grupo criminal en lugar de gobierno han debilitado la estrategia de demora y de diálogos simulados promovida por La Habana.

Entregarse y ser capturados; huir a un país que les conceda impunidad; o morir —por decisión propia, a manos de su entorno o por la acción de las fuerzas del orden— son las tres alternativas que, en la práctica, se perfilan para el liderazgo del régimen, mientras la opción de seguir dilatando el proceso parece cada vez menos viable.

La dirección de la estrategia de resistencia no parece provenir únicamente de Maduro: es la dictadura cubana la que dirige gran parte de la respuesta, apoyándose en décadas de experiencia en mantener el poder y en influir en administraciones estadounidenses sucesivas. La pérdida de Venezuela implicaría, desde esa óptica, un riesgo existencial para el régimen cubano.

La cuestión central es que ni Estados Unidos ni las democracias de la región disponen de alternativas fáciles. Las dictaduras asociadas al proyecto del llamado socialismo del siglo XXI han ampliado su agresión mediante narcoterrorismo, terrorismo de Estado, migraciones forzadas, tráfico de personas, infiltración del crimen común, manipulación digital, financiamiento irregular de campañas y la captura progresiva del poder político. Se trata de un punto de quiebre en el que se enfrenta la supervivencia de la democracia frente al avance de regímenes vinculados al crimen organizado.

Abogado y politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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