En una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno en La Plata, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a pedir a la Legislatura provincial la aprobación de una ley de financiamiento que, dijo, es necesaria para afrontar el deterioro económico que afecta a la provincia.
«No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia», reiteró Kicillof, refiriéndose tanto a la conducción nacional como a sectores internos que dificultan la sanción del proyecto.
Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, renovó sus críticas al gobierno nacional de Javier Milei y alertó sobre las consecuencias de la reducción sistemática de recursos, además de enviar un mensaje hacia las discusiones internas del oficialismo provincial.
El mandatario describió una situación de emergencia social y productiva: afirmó que casi ningún sector quedó indemne tras las recientes políticas nacionales. Construcción, industria, comercios, textiles, el sector alimenticio y el automotriz registran caída sostenida de actividad, acompañada de despidos y recortes en servicios esenciales. Según Kicillof, la provincia atraviesa una profunda recesión agravada por el ahogo financiero y la falta de transferencias automáticas de la Nación.
Esa coyuntura motivó la presentación de un paquete de leyes económicas para 2026. Dos de las iniciativas fueron aprobadas el 26 de noviembre; la tercera, la ley de financiamiento destinada a sostener la gestión provincial, sigue pendiente en la Legislatura. El gobernador afirmó que la provincia necesita «herramientas claras» para proteger a la población durante este período.
Kicillof aportó cifras sobre la crisis: la pérdida de 28.000 empresas a nivel nacional y de 5.000 en la provincia; la desaparición de 171.000 puestos de trabajo; y alrededor de mil obras públicas frenadas. Mencionó el cierre de fábricas emblemáticas como Whirlpool y despidos en pesca, laboratorios, automotriz y alimenticias, que reducen la demanda de medicamentos, alimentos y la asistencia que requieren las familias. Advirtió además un récord de morosidad y un aumento del endeudamiento de los hogares.
Según el gobernador, la provincia reclama al Estado nacional una deuda por transferencias automáticas y partidas específicas —seguridad, transporte, cajas previsionales e incentivo docente— que asciende a «13 billones de pesos», equivalente, en su cálculo, a «9.000 millones de dólares». Denunció además una caída de la recaudación provincial de «3,6 billones de pesos», lo que, sumado, representaría cerca de «11.500 millones de dólares» que, sostuvo, la gestión nacional le habría quitado a Buenos Aires.
Pese a ese escenario, la gestión bonaerense defendió las acciones realizadas en obra pública, salud y asistencia social: continuidad de nuevos centros de salud, entrega de ambulancias, un fondo de 170.000 millones para patrulleros frente al recorte de transferencias y el sostenimiento diario del servicio alimentario escolar. Kicillof remarcó que la administración busca trabajar con planificación, eficiencia y sensibilidad, y planteó que la austeridad debe aplicarse a la política y no trasladarse a la población: «Austeridad para la política, sensibilidad para la sociedad».
La provincia se comprometió a preservar los recursos municipales. En respuesta a intendentes que alertaron por la caída de ingresos y la dificultad para afrontar pagos como los aguinaldos, anunció la creación de un fondo especial equivalente al 8% de la suma solicitada en la ley de financiamiento para distribuir entre los 135 municipios, con un adicional negociado recientemente. Precisó además una partida ya garantizada de 200.000 millones de pesos a distribuir en cinco pagos, independientemente del volumen de endeudamiento que se autorice.
El gobernador insistió en que la Legislatura debe votar la ley, a la que definió como un conjunto de «instrumentos» destinados a cubrir necesidades corrientes y garantizar el funcionamiento de áreas críticas, no a financiar proyectos extraordinarios. Subrayó el carácter deficitario del reparto fiscal y la desventaja estructural de la provincia frente a la Nación.
Kicillof afirmó que la provincia es «de las más austeras», con menos empleados públicos por habitante y una elevada contribución fiscal en comparación con lo que recibe, y reclamó un trato más equitativo en la distribución de recursos.
