La regulación de las criptomonedas dejó de ser solo una respuesta a crisis puntuales y pasó a integrar la agenda económica de los Estados. Esa es la conclusión central del Global Crypto Policy Review & Outlook 2025/26 de TRM Labs, que examinó la evolución normativa en 30 jurisdicciones con más del 70% de la exposición mundial a activos digitales. El informe identifica un cambio estructural: los gobiernos ya no actúan únicamente tras episodios de inestabilidad, sino que diseñan marcos para incorporar activos digitales en los sistemas financieros.
El desarrollo más visible ha sido el de las stablecoins, que se consolidan como nueva infraestructura de pagos y liquidez. Más del 70% de los países estudiados ha establecido marcos regulatorios para estos instrumentos. En 2025, distintas estimaciones sitúan el volumen global de operaciones por encima de los 15 billones de dólares, con uso creciente en remesas, liquidaciones y servicios financieros institucionales.
Esta expansión explica por qué los principales bloques económicos adoptaron marcos regulatorios de alcance sin precedentes. Las stablecoins dejaron de ser experimentos marginales y pasaron a considerarse infraestructura crítica de pagos, lo que motivó respuestas regulatorias coordinadas y ambiciosas.
Estados Unidos lidera el giro normativo
Estados Unidos registró uno de los cambios regulatorios más significativos. Bajo la administración Trump, el Congreso aprobó el GENIUS Act, la primera ley federal sobre stablecoins, que establece requisitos de reservas, auditorías y límites operativos para emisores.
Paralelamente, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) lanzó Project Crypto, un programa para modernizar la regulación de valores digitales, mientras que la Comisión de Comercio de Futuros (CFTC) inició esfuerzos de armonización normativa. Por primera vez, los órganos federales avanzaron en una hoja de ruta común destinada a dar previsibilidad a emisores, bancos e intercambios.
En la Unión Europea, 2025 fue el segundo año de aplicación de MiCA, el mayor intento global de armonizar el mercado cripto. Los reguladores comenzaron a otorgar licencias bajo el nuevo régimen, aunque TRM Labs documenta variaciones importantes entre países como Alemania, Francia, Austria y Países Bajos en ritmo y alcance de la supervisión.
A MiCA se sumó la entrada en vigor de DORA, la norma de resiliencia operativa digital que obliga a entidades financieras —incluidas las relacionadas con cripto— a elevar sus estándares de ciberseguridad y gestión de incidentes. El proyecto del euro digital permanece en evaluación, sin decisiones de diseño final, en parte por la competencia de stablecoins denominadas en dólares.
Asia define el estándar del futuro
Asia presentó la mayor diversidad regulatoria y consolidó un papel estratégico en la arquitectura global del sector. Angela Ang, directora de Políticas y Alianzas Estratégicas para Asia-Pacífico en TRM Labs, resume el enfoque regional: “APAC está definiendo cómo debe ser una regulación cripto orientada al futuro, desde la tokenización hasta las stablecoins y los nuevos sistemas de pago”.
Las iniciativas en la región avanzan en varias direcciones. Japón estudia integrar la supervisión del cripto en la Financial Instruments and Exchange Act, lo que implicaría tratar muchos tokens como valores. Corea lanzó un piloto para operaciones institucionales bajo controles estrictos y avanza en una ley específica para stablecoins.
Hong Kong aceleró la emisión de licencias, flexibilizó criterios de custodia y amplió actividades permitidas a proveedores regulados. Singapur endureció las reglas sobre proveedores que operan desde su territorio hacia el exterior, pero mantiene un marco claro y prudencial para stablecoins.
En palabras de Ang, la transformación va más allá de la norma: “En APAC los responsables de política ya no preguntan si las stablecoins importan, sino cómo regularlas para permitir la innovación y proteger la estabilidad financiera.” En Japón, Corea, Singapur y Hong Kong la discusión pasó de la legitimidad del instrumento a su integración en infraestructuras de pago y sistemas bancarios.
El movimiento institucional acompaña ese cambio: la mayor claridad regulatoria impulsa la adopción por parte de entidades financieras en casi todos los mercados de APAC, que avanzan activamente en activos digitales.
Medio Oriente fortaleció su posición con marcos más integrados. En Emiratos Árabes Unidos, el Banco Central completó la regulación de stablecoins ligadas al dírham y fijó condiciones para productos tokenizados; Dubái y Abu Dabi sincronizaron criterios para operadores virtuales y aumentaron sanciones por actividad no autorizada, en una transición hacia una supervisión con ambición internacional.
En América Latina, Brasil destacó por su régimen de autorización para proveedores de servicios de activos virtuales, que establece requisitos de capital, transparencia y controles antilavado e incorpora operaciones con stablecoins en la supervisión de cambios y pagos transfronterizos. Argentina elevó exigencias de registro y lanzó un marco experimental para activos tokenizados. México mantuvo una postura prudente, aunque promovió reformas en la ley antilavado en su rol como presidente del Grupo de Acción Financiera (FATF).
Los riesgos persisten fuera del perímetro regulado
El avance regulatorio también responde a riesgos persistentes. TRM Labs atribuye la mayor actividad ilícita a segmentos fuera del perímetro regulado: brokers extrabursátiles no autorizados, puentes entre cadenas y ciertas plataformas descentralizadas sin controles ni auditorías. El hackeo vinculado a Corea del Norte contra la plataforma Bybit —con pérdidas superiores a 1.500 millones de dólares en tokens Ethereum— ilustra esa vulnerabilidad. Según FATF, mientras existan jurisdicciones con marcos débiles, el arbitraje regulatorio seguirá siendo un riesgo.
El sistema financiero tradicional también ajustó su posición. El Comité de Basilea anunció una revisión acelerada de su marco prudencial para exposiciones bancarias a criptoactivos, después de rechazos a propuestas que exigían deducciones de capital del 100% para la mayoría de activos digitales en Estados Unidos y Reino Unido.
TRM Labs señala que esa revisión podría facilitar la entrada de bancos globales en mercados de stablecoins y activos tokenizados, si se adoptan criterios que distingan riesgo operativo, gobernanza y solvencia del emisor.
Los organismos multilaterales intensificaron sus advertencias. FATF pidió una implementación más homogénea de normas antilavado y amplió a 67 la lista de jurisdicciones con sectores cripto de relevancia material. El Consejo de Estabilidad Financiera advirtió que la fragmentación regulatoria sigue siendo un riesgo para la estabilidad, y la Organización Internacional de Comisiones de Valores reconoció avances en custodia y gobernanza pero señaló que aún es pronto para evaluar la efectividad de los regímenes vigentes.
De la norma a la ejecución
El crecimiento del sector acompaña este cambio regulatorio. Diversas estimaciones sitúan el valor de mercado global de los criptoactivos por encima de los cuatro billones de dólares en 2025, un máximo histórico. Encuestas a inversores institucionales muestran que más de la mitad planea aumentar su exposición a activos digitales en los próximos años, siempre que existan reglas estables y supervisión clara.
El horizonte inmediato estará marcado por la ejecución de las nuevas normas. Estados Unidos deberá desarrollar la regulación secundaria del GENIUS Act en 2026; Europa enfrentará la prueba práctica de supervisar bajo MiCA; y Asia seguirá profundizando sus programas piloto.
TRM Labs anticipa que la competencia entre jurisdicciones dejará de centrarse en atraer operadores con reglas laxas y se orientará a ofrecer marcos sofisticados que integren innovación, estabilidad financiera y controles efectivos. En esa transición, la regulación del cripto consolida su posición como eje de la política económica de las principales economías.
