Con un calendario muy ajustado, el Congreso abrirá mañana un período de sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre. El Gobierno llega con mayor actividad legislativa pero sin mayorías propias y con dos prioridades explícitas: el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. Las preocupaciones ya conocidas incluyen la posibilidad de aprobaciones parciales entre Cámaras para ganar tiempo, un cronograma comprimido que choca con las fiestas y el riesgo de proyectos votados pero no sancionados antes de fin de año.
El Presupuesto 2026 parece tener la mejor posibilidad de avance, en buena medida por el contexto: el Ejecutivo ya prorrogó dos presupuestos anteriores y podría hacerlo de nuevo, pero el mercado, organismos y gobernadores prefieren contar con partidas consignadas en una ley. Tras dos años de ajustes validado por votos, los gobernadores ven conveniente disponer de asignaciones formales.
Por su flexibilidad reglamentaria, Diputados podría dictaminar rápidamente y llevar el Presupuesto al recinto, dejando al Senado un plazo acotado: una semana para emitir un despacho y otra para sesionar tras el cumplimiento de plazos reglamentarios. La dinámica exigiría jornadas de trabajo fuera de lo habitual y dependería de acuerdos entre las fuerzas involucradas, dado que no existe mayoría automática para habilitar tramitaciones exprés.
La actividad parlamentaria será día a día, negociación a negociación. Contar con un trámite “natural” sería un error del Gobierno: el kirchnerismo, debilitado y en ajuste de posiciones, puede condicionar votaciones y obligar a acuerdos puntuales. Las discusiones en comisiones y en las salas reflejan además disputas políticas y personales y posibles maniobras técnicas que deberán sortearse durante el debate.
Al Presupuesto se vincula un proyecto demorado sobre “inocencia fiscal” que lleva meses en pausa en Diputados. En paralelo, Patricia Bullrich, referente del espacio libertario en el Senado, impulsa con voluntad de rapidez la reforma laboral, aunque reconoce la dificultad de lograr un trámite exprés. Lograr dictámenes con celeridad será clave para intentar votaciones en plazos muy cortos.
En la agenda también figuran cambios en normas sobre periglaciares y un nuevo Código Penal, ambos con definiciones estratégicas aún imprecisas. Si se registran aprobaciones sin sanción definitiva, el Gobierno deberá contemplar un plan B para las sesiones extraordinarias. La mayoría de los bloques prefiere cerrar el Congreso en enero y volver en febrero; algunos proponen incluir la última semana de enero para evitar críticas públicas. La Casa Rosada, consciente de esas aspiraciones, intentará votar cuanto pueda antes del cierre del año.
