Human Rights Watch (HRW) cuestionó la decisión del gobierno ecuatoriano de congelar, desde septiembre de 2025, las cuentas bancarias de varias organizaciones indígenas y ambientalistas mediante informes de inteligencia y sin órdenes judiciales previas. La organización advirtió que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) utilizó herramientas destinadas a combatir el lavado de activos de forma que puede perjudicar el trabajo legítimo de la sociedad civil.
El congelamiento se produjo en un contexto de protestas vinculadas a la eliminación de subsidios al diésel y al impulso de un proyecto minero en Azuay, movilizaciones en las que participaron varios de los grupos afectados.
HRW informó que la UAFE ordenó a la Superintendencia de Bancos inmovilizar cuentas de organizaciones, líderes y miembros de comunidades indígenas y colectivos ambientalistas. Las órdenes se basaron en la nueva Ley de Transparencia Social, aprobada en agosto, que permite bloquear fondos sin orden judicial cuando existan “indicios objetivos, graves y verificables” de operaciones sospechosas.
Según HRW, el gobierno justificó las medidas con informes de inteligencia secretos a los que ni jueces ni abogados tuvieron acceso durante las revisiones. En varios casos, los tribunales levantaron los bloqueos al no encontrar pruebas que sustentaran las medidas presentadas ante ellos.
La revisión de HRW identificó 21 organizaciones e individuos afectados, incluidos colectivos con décadas de trabajo en salud, educación y protección ambiental. Algunas cuentas congeladas correspondían a organizaciones con financiamiento internacional, como Alianza Ceibo, que realiza programas apoyados por la Unión Europea y donantes estadounidenses.
HRW detectó el congelamiento cuando donantes no pudieron transferir fondos. Tras semanas de incertidumbre, un juez ordenó el descongelamiento el 5 de noviembre, pero las cuentas solo fueron habilitadas varios días después; situaciones similares se registraron en otros casos examinados.
Entre los bloqueos estuvo la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), cuyas 14 cuentas fueron inmovilizadas sin aviso ni explicación detallada. Aunque un juez mandó desbloquearlas en noviembre, la ejecución de la resolución demoró casi dos semanas por la falta de cooperación de las entidades estatales, lo que impidió pagar salarios, servicios básicos y mantener actividades en territorio, paralizando programas en comunidades amazónicas.
HRW señaló además que las autoridades invocaron la Ley Orgánica de Inteligencia, aprobada en junio de 2025, para negarse a revelar información sobre las supuestas transacciones sospechosas. Abogados y defensores de derechos humanos indican que esa norma permite a agencias estatales ocultar datos incluso a jueces, dificultando el control judicial. Varios colectivos presentaron demandas de inconstitucionalidad contra esa ley y contra la Ley de Transparencia Social, al considerar que el marco legal facilita abusos de poder.
El presidente Daniel Noboa afirmó que los fondos congelados habrían sido usados para “desestabilizar” al Gobierno mediante protestas. HRW respondió que las medidas contra el lavado de activos deben dirigirse al crimen organizado y no emplearse para frenar manifestaciones pacíficas o sancionar a organizaciones críticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han establecido que la inmovilización de fondos debe ser excepcional, proporcional y no afectar indebidamente la labor legítima de organizaciones sin fines de lucro.
HRW documentó además que personas y entidades cuyos fondos fueron liberados enfrentan investigaciones penales por posibles “enriquecimiento privado no justificado” y “financiación del terrorismo”, iniciadas en fechas cercanas a las medidas de congelamiento. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, advirtió que fiscales y jueces deben basar los procesos en pruebas creíbles y evitar su uso como herramientas de intimidación contra defensores ambientales e indígenas.
HRW concluyó que las autoridades ecuatorianas deben revisar con urgencia las disposiciones que permiten congelar cuentas con base en informes de inteligencia, dado el impacto sobre derechos como la propiedad, el debido proceso, la libertad de asociación y la protesta pacífica. Para la organización, los efectos constatados muestran que las normas vigentes no cumplen con estándares constitucionales e internacionales y requieren correcciones inmediatas.
