Hace cuatro años Infobae publicó un informe sobre un mecanismo que, según esas investigaciones, el régimen venezolano habría utilizado para sostener su economía pese a las sanciones: una red de “buques fantasmas” dedicada al traslado de petróleo.
Esos movimientos habrían contado con la participación de aliados de Venezuela, como Irán y Rusia, que, de acuerdo con denuncias, habrían ingresado a puertos con Very Large Crude Carriers (VLCC) bajo banderas y nombres distintos a los reales.
En muchos casos, los barcos que permanecen atracados en los principales puertos venezolanos mostraban denominaciones y números IMO distintos a los registrados oficialmente, lo que complica su identificación a lo largo de su vida útil.
Informes señalan que, especialmente, Irán habría intercambiado crudo con Caracas y que dentro de su estructura la Guardia Revolucionaria Islámica —en particular la Fuerza Quds— habría facilitado operaciones y canales de financiamiento en el exterior para ese comercio.
Recientemente, Estados Unidos intensificó las acciones contra estas redes. Por instrucción de la fiscal general Pamela Bondi, una operación conjunta de la Guardia Costera, el FBI, Homeland Security Investigations y el Departamento de Defensa procedió a incautar un buque frente a las costas de Venezuela.
Bondi afirmó en su cuenta de X que el buque había sido sancionado por su participación en una red ilícita de transporte de crudo vinculada al apoyo de organizaciones terroristas extranjeras y que la incautación se realizó de forma segura y controlada.
Según Bloomberg y fuentes en Estados Unidos y Guyana, la embarcación identificada fue el VLCC Skipper; el buque, de aproximadamente 20 años, había sido sancionado en 2022 bajo el nombre Adisa por su presunto apoyo a exportaciones de petróleo iraní.
La actuación se ejecutó tras una orden de embargo dirigida a un VLCC acusado de transportar petróleo de manera ilegal entre Venezuela e Irán, en el marco de medidas estadounidenses destinadas a bloquear redes internacionales de financiamiento vinculadas a grupos que Washington designó como terroristas, entre ellos la Fuerza Quds, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua; el gobierno venezolano fue señalado como protector de algunas de esas organizaciones.
La medida formó parte del despliegue naval estadounidense en el Caribe, que hasta ahora había llevado a cabo interdicciones de narcóticos, patrullajes y vigilancias aéreas para combatir actividades ilícitas en la región.
El presidente Donald Trump describió la incautación como la mayor de su tipo; por su parte, la embajada de Irán en Caracas calificó la acción de violación del derecho internacional.
El control naval sobre las rutas del Caribe implica, además de las operaciones antidroga convencionales, la posibilidad de afectar los corredores marítimos por donde circula la mayor parte del petróleo venezolano.
La incautación se sumó a otras acciones recientes: el martes 9 de diciembre dos cazabombarderos F/A-18 realizaron un sobrevuelo del golfo de Venezuela y fueron detectados sobre el estado Zulia, sin que las fuerzas venezolanas efectuaran una respuesta aérea visible.
Otro hecho citado fue la aparición pública de la opositora María Corina Machado en Oslo, Noruega, para recibir —con retrasos en la agenda— el Premio Nobel de la Paz; el texto también menciona la asistencia logística en el viaje y plantea interrogantes sobre la presencia de agentes cubanos en torno a Maduro, cuestionando si actúan como protección o como control sobre el mandatario.
Contrario a algunas interpretaciones, el texto sostiene que Estados Unidos dispone de tiempo para mantener una estrategia gradual y deliberada frente a Venezuela, con pasos planeados que, según esa visión, continuarán hasta lograr el cambio de régimen.
X: @TotiPI
