El hecho ocurrió en octubre de 2023 en el local gastronómico “Puerto de Palos” durante una cena de la delegación del club “Gasolero”. Según el relato, una niña regresó del baño angustiada y le dijo a su madre que una persona la había filmado desde una ventana mientras estaba en el interior del sanitario. La situación provocó el repudio público de la Federación Metropolitana de Vóley, que se manifestó en contra de lo sucedido con la hija de una jugadora de Temperley.
El caso se resolvió mediante un juicio abreviado, procedimiento por el cual las partes acuerdan una pena y el juez homologa la decisión, evitando un juicio oral completo. En la resolución, el magistrado consideró probada la autoría con base en declaraciones testimoniales y, de forma decisiva, en el peritaje del teléfono del acusado. En ese análisis forense se encontró no solo el video referido a la hija de la jugadora, sino también fotografías de otras menores en estado de semidesnudez, lo que agravó la gravedad de la investigación.
La calificación penal aplicada fue: “producción de representación de partes genitales de menores con fines predominantemente sexuales, agravada por tratarse de víctimas menores de 13 años, en concurso real con tenencia de representación de menores dedicados a actividades sexuales explícitas”. Esa tipificación reúne delitos vinculados a la creación y posesión de material con contenido sexual infantil, con agravantes por la edad de las víctimas y la existencia de múltiples comportamientos delictivos concurrentes.
El condenado —identificado como organizador de vóley vinculado a Temperley— recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva. No obstante, el juez dispuso que la pena se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La decisión se fundamentó en la edad del imputado, 66 años, y el domicilio fijado para el cumplimiento de la medida se ubica en Burzaco, partido de Almirante Brown. La prisión domiciliaria implica que el condenado cumplirá la pena en su hogar en lugar de en un establecimiento penitenciario, sujeta a las condiciones y controles que determine la autoridad judicial.
El caso generó conmoción en Lomas de Zamora y en la región, por involucrar a menores y por la naturaleza de las pruebas halladas. La combinación de testimonios, peritaje técnico y la adhesión a un procedimiento abreviado permitió a la Justicia acelerar la resolución del proceso, aunque la decisión de otorgar prisión domiciliaria a una persona condenada por delitos sexuales contra menores puede presentar controversias públicas y jurídicas respecto a criterios de proporcionalidad y protección de víctimas.
