Se han identificado cada vez con más claridad múltiples comisarías clandestinas que el Partido Comunista Chino ha establecido en varios países con el objetivo de controlar, vigilar y presionar a ciudadanos chinos que viven en el extranjero o que huyeron de la represión en Pekín.
En 2018 el gobierno chino admitió públicamente la existencia de “estaciones de servicio policial” en distintas ciudades, presentándolas como oficinas para ayudar con trámites administrativos y, al mismo tiempo, para recopilar información sobre compatriotas en el exterior.
Estas oficinas también se han descrito oficialmente como espacios para “persuadir a regresar” a personas acusadas de delitos, en casos en que se sospecha que han evitado los procedimientos formales de extradición.
Investigaciones recientes de la ONG Safeguard Defenders, dedicada a la defensa de los derechos humanos, muestran que la función real de esas comisarías va más allá de la gestión de delitos y trámites administrativos.
Según Laura Harth, directora de campañas de la organización, el propósito principal de las estaciones es ejercer control sobre comunidades chinas en el extranjero, incluidas aquellas donde podrían surgir voces críticas contra el régimen, y no solo perseguir a activistas identificados por Occidente.
En los últimos meses han aumentado las denuncias de persecución dirigidas a ciudadanos que China califica como delincuentes, incluidos casos relacionados con oposición al régimen.
Moritz Rudolf, profesor y estudioso del derecho internacional en Yale, ha señalado que estas estaciones forman parte de un plan más amplio de Pekín para imponer sus normas fuera de su territorio, según informó Financial Times.
Rudolf indicó que desde 2019 China ha aprobado leyes con alcance extraterritorial, un desarrollo típico en potencias emergentes que buscan proyectar su orden jurídico más allá de sus fronteras, aunque con limitaciones prácticas especialmente en Europa.
Las autoridades estadounidenses han comenzado a intervenir y este mes el Departamento de Justicia presentó los primeros cargos penales vinculados a las instalaciones policiales secretas en el extranjero.
Harth señaló que Estados Unidos ha adelantado investigaciones y procesamientos sobre la represión transnacional procedente de la República Popular China, lo que ha facilitado acciones legales más decididas.
Además, explicó que los investigadores estadounidenses han adoptado un enfoque interdepartamental que ha resultado efectivo y que ha sido más difícil de implementar en países europeos.
Desde la perspectiva de Safeguard Defenders, los gobiernos europeos han reaccionado con lentitud frente a las comisarías secretas del Partido Comunista Chino y deben intensificar sus respuestas.
La ONG, radicada en España, reconoce que algunos países europeos están empezando a actuar, pero advierte que es necesario hacer más para frenar las operaciones de influencia e intimidación del PCCh en el continente.
Harth estimó que en Europa hay al menos 50 estaciones dispersas por distintos países, con mayor capacidad de actuación en España, Alemania, Países Bajos, Francia y el sur de Italia; la presencia detectada en el Reino Unido parece menor.
Reconoció, no obstante, que es probable que existan otras estaciones aún no halladas.
También advirtió que las estaciones son solo uno de los mecanismos que las autoridades chinas emplean para perseguir a personas en el extranjero y constituyen una manifestación llamativa del fenómeno global.
Para Harth, estas prácticas reflejan la política del gobierno de Xi Jinping de fortalecer el control interno y sobre las comunidades en el exterior, consideradas relevantes para el proyecto del “gran rejuvenecimiento de la nación”.
Safeguard Defenders considera poco probable que Pekín reduzca estas operaciones; por el contrario, prevé que continuarán y que podrían adoptar otros nombres o modalidades para evitar una atención directa.
La directora de campañas afirmó que la respuesta europea debe comenzar por mapear de manera exhaustiva las organizaciones vinculadas al Frente Unido y otras redes de influencia.
Sin embargo, advirtió que esa cartografía no será suficiente, porque muchos de esos grupos participan en actividades de influencia, interferencia y represión sobre comunidades en el extranjero.
Harth expresó sorpresa por la pasividad de varios gobiernos europeos ante estas operaciones y urgió a adoptar medidas más proactivas.
En su opinión, la respuesta debe incluir abordar la represión transnacional, proteger las instituciones nacionales, capacitar a funcionarios y contrarrestar la interferencia extranjera de forma sostenida.
Seguir leyendo:
Las “estaciones policiales” del régimen chino generan alarma en Europa y, según reportes, hay al menos seis operando en América Latina
Informes indican que China opera más de 100 estaciones policiales secretas en todo el mundo para vigilar a sus ciudadanos en el exilio
