Arabia Saudita registró en 2025 el mayor número de ejecuciones documentadas desde que existen registros: 347 personas ajusticiadas, dos más que en 2024, informó la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio.
Los delitos relacionados con las drogas representaron el 69 % del total, con 238 personas condenadas a muerte frente a las 222 del año anterior. La ONG señaló un incremento sin precedentes en las ejecuciones vinculadas específicamente al cannabis: 97 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con esta sustancia, en comparación con 15 en 2024.
En los últimos años, Arabia Saudita intensificó su lucha contra el narcotráfico, que las autoridades consideran uno de los principales problemas del país. La alta demanda interna, el poder adquisitivo del mercado y la ubicación geográfica estratégica han convertido al reino en un punto relevante para redes internacionales de tráfico de drogas.
La legislación saudí establece la pena de muerte como el “castigo más severo” para el contrabando de estupefacientes. La ley define como “contrabandista” tanto a quien introduce drogas desde el extranjero como a quien las recibe y distribuye, y distingue entre infractores primerizos y reincidentes: a los primeros puede imponerse prisión, azotes o multa —o una combinación—, mientras que los reincidentes pueden recibir penas más severas, incluida la muerte.
En noviembre de 2022 el país reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras casi tres años de suspensión, revocando la moratoria anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.
El informe también advierte sobre un aumento en la persecución de extranjeros: representaron el 57 % de las personas ejecutadas en 2025, con 202 casos, y el 94 % de esos condenados lo fueron por delitos vinculados al narcotráfico. Además, se documentaron ejecuciones de dos personas por crímenes cometidos cuando eran menores de edad.
ESOHR recordó que el príncipe heredero y líder de facto, Mohamed bin Salmán, declaró en 2018 su intención de reducir de forma significativa el número de ejecuciones.
Para la ONG, el nuevo récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que a menudo afecta a los grupos más vulnerables”, en contradicción con declaraciones y compromisos públicos realizados en años recientes.
La organización advirtió que las cifras oficiales podrían subestimar el total real de ejecuciones debido a la falta de transparencia y a la posibilidad de que se apliquen sentencias sin aviso previo, en un contexto que incluye denuncias de tortura y la negación a las familias de derechos como la despedida y el entierro. Si bien la mayoría de las ejecuciones se anuncian mediante comunicados del Ministerio del Interior, algunas no se hacen públicas.
(Con información de EFE)
