Arabia Saudita registró en 2025 la cifra más alta de ejecuciones documentadas hasta la fecha: 347 personas ajusticiadas, dos más que en 2024, según la Organización Europea‐Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio.
El 69 % de las ejecuciones (238 personas) estuvieron relacionadas con delitos de drogas, frente a 222 en el año anterior. ESOHR alertó de un aumento sin precedentes en las ejecuciones por delitos vinculados al cannabis: 97 personas fueron ejecutadas únicamente por delitos relacionados con esa sustancia, comparado con 15 en 2024.
En los últimos años el reino ha intensificado su lucha contra el narcotráfico, considerado un problema prioritario. La elevada demanda interna, el poder adquisitivo del mercado y la posición geográfica de Arabia Saudita la han convertido en un punto clave para redes internacionales de tráfico de drogas.
La legislación saudí establece la pena de muerte como el castigo más severo para el contrabando de estupefacientes y considera “contrabandista” tanto a quien introduce drogas desde el extranjero como a quien las recibe y distribuye. La ley diferencia entre infractores primerizos —que pueden recibir prisión, azotes, multas económicas o una combinación de estas penas— y reincidentes, que pueden ser condenados a muerte.
En noviembre de 2022 el país reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras casi tres años de suspensión, revocando la moratoria anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.
El informe también advierte sobre un aumento en la persecución de extranjeros: representaron el 57 % de las personas ejecutadas en 2025 (202 casos), y el 94 % de ellos fueron condenados por delitos vinculados al narcotráfico. Además, se documentaron ejecuciones de dos personas detenidas por crímenes cometidos cuando eran menores de edad.
ESOHR recordó que en 2018 el príncipe heredero y líder de facto, Mohamed bin Salmán, declaró su intención de reducir de manera significativa el número de ejecuciones.
Para la ONG, este nuevo récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que a menudo afecta a los grupos más vulnerables”, lo cual contrasta con las declaraciones y compromisos adoptados en años recientes.
La organización señaló además que las cifras oficiales podrían no reflejar el total real de ejecuciones debido a la falta de transparencia y a la posibilidad de que se ejecuten sentencias sin previo aviso, en medio de prácticas que incluyen tortura y la negación a las familias del derecho a la despedida y el entierro. Si bien la mayoría de las ejecuciones se anuncia mediante comunicados del Ministerio del Interior, algunas no se hacen públicas.
(Con información de EFE)
