Rusia avanzó en su control sobre la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia al otorgar una licencia de operación al primer reactor, una medida que puede facilitar la legitimación de su ocupación y la explotación futura de la mayor instalación nuclear de Europa, tomada por fuerzas rusas desde 2022.
La licencia fue emitida por la agencia reguladora rusa Rostekhnadzor y autoriza el funcionamiento del primer bloque conforme a la legislación y las normas técnicas de Rusia, según informó Rosenergoatom, la filial operadora de la corporación estatal Rosatom, citada por la agencia TASS.
Rosenergoatom añadió que prevé tramitar licencias para los otros cinco reactores entre 2026 y 2027, lo que permitiría integrar gradualmente la planta al marco regulatorio y al sistema eléctrico ruso, pese a que internacionalmente Zaporizhzhia sigue siendo reconocida como infraestructura ucraniana.
El director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, declaró que el primer reactor “está en condiciones técnicas operativas” y que la corporación trabaja para “reanudar la generación de electricidad cuando se cumplan los requisitos de seguridad”, según medios estatales rusos.
La central de Zaporizhzhia, ubicada en el sur de Ucrania, fue ocupada por tropas rusas en los primeros meses de la invasión iniciada en febrero de 2022. Desde entonces Moscú mantiene el control físico de la instalación, mientras Kiev considera la ocupación ilegal y acusa a Rusia de emplear la planta como herramienta de presión política y militar.
Analistas y autoridades ucranianas interpretan la obtención de licencias rusas como un intento de normalizar una situación impuesta por la fuerza, en contradicción con el derecho internacional humanitario y con la postura de Naciones Unidas, que reconoce Zaporizhzhia como parte del territorio soberano de Ucrania.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha advertido de forma reiterada sobre los riesgos para la seguridad nuclear en la planta, expuesta a combates en sus alrededores, cortes de suministro eléctrico y acusaciones mutuas entre Moscú y Kiev sobre ataques y sabotajes. El OIEA mantiene observadores permanentes en la central desde 2022.
La licencia otorgada al primer reactor tiene una vigencia de diez años. Además, en octubre pasado se autorizó el almacenamiento de combustible nuclear gastado en la planta por 25 años, una medida que refuerza la permanencia a largo plazo de la gestión rusa sobre la instalación.
Las autoridades rusas sostienen que estas medidas buscan garantizar la seguridad técnica y radiológica de la central. Ucrania, por su parte, acusa a Moscú de usar procedimientos administrativos para consolidar una anexión de facto y alerta sobre los riesgos de operar una planta nuclear en territorio ocupado y en zona de guerra.
Esta decisión se produce en un contexto en el que el futuro de la central de Zaporizhzhia figura entre los asuntos más sensibles en cualquier eventual negociación para poner fin al conflicto. Para Kiev, la devolución de la planta es una condición innegociable, mientras que Moscú avanza en hechos consumados que buscan hacer irreversible su control sobre una de las infraestructuras energéticas más estratégicas del país.
