La Unión Europea, Francia y Alemania rechazaron este miércoles la decisión del Gobierno de Estados Unidos de imponer vetos de visado a cinco ciudadanos europeos vinculados a la lucha contra el discurso de odio y la desinformación en internet. Bruselas calificó la medida de “injustificada”, lo que ha elevado la tensión política entre Washington y sus socios europeos.
Las sanciones, anunciadas por la administración del presidente Donald Trump, incluyen al excomisario europeo Thierry Breton y se basan en la acusación estadounidense de que estas personas habrían fomentado la censura de la libertad de expresión o aplicado regulaciones “excesivas” contra empresas tecnológicas de aquel país.
Los vetos constituyen un nuevo episodio de fricciones entre Estados Unidos y Europa, en un contexto en el que altos cargos estadounidenses han puesto en duda la relevancia estratégica de Europa, criticando su gasto en defensa, su política migratoria y su gestión del debate público en relación con voces ultranacionalistas o de extrema derecha.
La decisión llega después de que un documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtiera sobre un riesgo de “erosión civilizatoria” en Europa si no cambia su rumbo político, un diagnóstico que ha generado preocupación en varias capitales y avivado el debate sobre reducir la dependencia tecnológica y militar respecto a Washington.
Desde Bruselas, la Comisión Europea reaccionó con dureza: un portavoz afirmó que la UE “condena firmemente la decisión” y subrayó que la libertad de expresión es un derecho fundamental y un valor compartido. El Ejecutivo comunitario anunció que pedirá explicaciones formales a Washington y se reserva la posibilidad de responder “de manera rápida y decisiva”.
El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su apoyo público a Breton, con quien dijo haber hablado tras conocerse las sanciones. Macron defendió el trabajo del excomisario y reiteró que Francia y Europa protegerán su soberanía regulatoria y su independencia frente a presiones externas.
Breton fue uno de los principales impulsores de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, que obliga a las grandes plataformas a combatir contenidos ilegales como el discurso de odio y el material de abuso sexual infantil. La administración Trump ha criticado la norma, considerándola una amenaza para la libertad de expresión y un ataque a empresas estadounidenses.
La tensión se intensificó cuando la Comisión Europea multó a la red social X, propiedad de Elon Musk, con 120 millones de euros por incumplir las normas comunitarias de moderación. Musk y Breton han tenido enfrentamientos públicos, y el empresario llegó a calificar al excomisario como el “tirano de Europa”.
Además de Breton, las sanciones de EEUU alcanzaron a Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate; a las activistas alemanas Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de HateAid; y a Clare Melford, cofundadora del Global Disinformation Index, según informó la subsecretaria estadounidense de Diplomacia Pública.
El Ministerio de Justicia alemán consideró los vetos “inaceptables” y afirmó su respaldo institucional a las activistas, subrayando que la lucha contra el odio ilegal en internet se enmarca en el orden constitucional alemán y europeo. “Las reglas del espacio digital en Alemania y en Europa no se deciden en Washington”, señaló en un comunicado.
El Gobierno británico adoptó un tono más cauteloso, pero defendió también el papel de las instituciones que trabajan para limitar los contenidos más dañinos en la red, recordando que la política de visados es soberana de cada país, aunque respaldó los esfuerzos para proteger el debate público de abusos y desinformación.
Desde el Global Disinformation Index, uno de los colectivos afectados calificó la medida como un “ataque autoritario a la libertad de expresión” y acusó a la administración Trump de usar el poder estatal para intimidar y silenciar voces críticas, una acusación que Washington rechaza.
El caso de Breton no es aislado: en agosto Estados Unidos ya había sancionado al juez francés Nicolas Yann Guillou, miembro de la Corte Penal Internacional, en represalia por investigaciones del tribunal relacionadas con Israel y con actuaciones pasadas de funcionarios estadounidenses.
