Este año se consolidó como un período de ordenamiento económico en Argentina. Tras décadas caracterizadas por la inestabilidad, la inflación sostenida y episodios de pérdida de confianza institucional, el país inició un conjunto de reformas con el objetivo de recuperar mayor estabilidad macroeconómica.
En ese contexto, el Estado impulsó una agenda de cambios económicos de forma progresiva y sin respuestas inmediatas. La iniciativa fue liderada por el Poder Ejecutivo Nacional, que recurrió a instrumentos normativos excepcionales para aplicar medidas que, con el tiempo, llegaron a un punto de definición.
Dentro de ese marco, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, titulado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, se constituyó en el antecedente principal del proceso de ordenamiento. Mediante ese decreto, el Ejecutivo declaró la emergencia pública en diversas materias hasta el 31 de diciembre de 2025 y orientó la política hacia la desregulación y la reducción de ciertas restricciones estatales que, según sus fundamentos, afectaban la formación de precios y la actividad económica. Ese marco excepcional sustentó las políticas aplicadas hacia el cierre de 2025.
Esa declaración se plasmó de manera expresa en el artículo 1° del decreto, que dispone:
ARTÍCULO 1°.- EMERGENCIA. Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal […] hasta el 31 de diciembre de 2025.
El límite de la excepcionalidad y la Constitución Nacional
La fijación de una fecha de vencimiento para la emergencia tiene importancia institucional. “Al establecer el 31 de diciembre de 2025 como límite temporal, el decreto delimitó el alcance de la excepcionalidad y evitó su proyección indefinida”. Esta previsión estableció un horizonte para la toma de decisiones económicas y colocó a 2025 como el momento en el que el régimen excepcional debía consolidarse, redefinirse o permitir el retorno al marco ordinario.
El decreto fundamenta la declaración de urgencia en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y en doctrina de la Corte Suprema, aludiendo a la existencia de una “genuina situación de emergencia” que justificaría la utilización de trámites excepcionales frente a la lentitud del proceso legislativo ordinario. En la práctica, ese respaldo normativo funcionó como una señal institucional: durante 2025 la discusión pública sobre la economía pasó a enfocarse más en reglas, previsibilidad y expectativas, componentes clave para cualquier proceso de estabilización.
Expectativas y resultados. En paralelo al cambio institucional, los datos oficiales comenzaron a mostrar variaciones en algunas variables sensibles. Informes del INDEC registraron una desaceleración de los índices de inflación respecto de los niveles críticos previos. Sin atribuir de forma directa esos resultados a una única medida, la evolución de los indicadores acompañó una mejora en las expectativas, en un contexto donde la previsibilidad recobró relevancia en la toma de decisiones económicas.
¿Qué esperar después del vencimiento? El reordenamiento económico de 2025 puede interpretarse como un proceso que combinó normas excepcionales, límites temporales e indicaciones sobre el rumbo futuro. El uso de instrumentos de excepción estuvo condicionado por un plazo determinado; lo que ocurra tras el vencimiento de la emergencia definirá si esas medidas fueron una respuesta transitoria a la crisis o el punto de partida de una etapa distinta en la economía argentina.
