El abogado del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuestionó la intervención de actores estatales en las denuncias contra la conducción del fútbol y advirtió que la estrategia judicial se profundizará.
La tensión entre el Gobierno nacional y la AFA sumó un nuevo capítulo cuando Gregorio Dalbón, abogado de Claudio “Chiqui” Tapia, denunció en público lo que definió como un “avance coordinado” desde sectores estatales contra la dirigencia del fútbol argentino.
En un extenso mensaje difundido en redes sociales bajo el título “Datos públicos”, el letrado centró su exposición en el origen de las denuncias presentadas contra la AFA y en el posible papel de distintos organismos del Estado, citando actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y otras presentaciones ante instancias nacionales e internacionales.
Dalbón afirmó que uno de los denunciantes, Juan Facundo Del Gaiso, recibe ingresos del Estado y tiene antecedentes administrativos vinculados al ámbito futbolístico, respaldándose en resoluciones oficiales. Asimismo, mencionó a Matías Yofe, al que atribuyó vínculos laborales con el Estado y reuniones con funcionarios y magistrados.
Sin formular acusaciones directas, el abogado planteó dudas sobre la independencia de quienes presentaron las denuncias y sugirió la posible existencia de conflictos de interés en el origen de las actuaciones contra la AFA y sus autoridades.
El escrito también criticó la difusión en medios de información relativa a allanamientos y actos procesales, y planteó que parte de ese material podría provenir de filtraciones cuya trazabilidad y motivación, según Dalbón, deben aclararse.
En ese marco, mencionó a la senadora Patricia Bullrich y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y reclamó que se determinen responsabilidades por la circulación de información sensible vinculada a causas en trámite.
Finalmente, advirtió sobre lo que calificó como un accionar articulado contra Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y la propia AFA, señalando que el conflicto excede diferencias políticas o ideológicas y se inscribe, a su juicio, en la defensa del Estado de Derecho y de la transparencia institucional.
El mensaje concluyó con la frase “ahora vamos por todo”, que en ámbitos del fútbol fue interpretada como una señal de que la dirigencia de la AFA endurecerá su estrategia legal y política frente a las acciones impulsadas desde sectores del Gobierno, en un conflicto que continúa escalando y generando tensión institucional.
